Por Francisco Ramírez R/ MUNDO LEGISLATIVO
El lunes 28 de junio, quedará como la fecha en que se pre configuró el escenario para las elecciones generales del 2012, debido al clima político y social agudizado por el asesinato del candidato al gobierno de la Coalición Todo Tamaulipas (PRI-PVEM y Panal), Rodolfo Torre Cantú, en Ciudad Victoria. Ha sido creado precisamente por el ambiente de violencia que se padece en el país.
Los gobiernos federal, estatales y municipales, tienen perdidos y abandonados territorios muy importantes de la República, que ahora están dominados por narcotraficantes, gavilleros, terratenientes o simples delincuentes que asolan las regiones. Hay sitios donde cobran peaje, impuestos y protección. Son señores que disponen o dispensan vidas y bienes a su antojo.
Un ejemplo de lo anterior, es que Petróleos Mexicanos (PEMEX), la paraestatal del Estado, tuvo que reconocer –por una denuncia del diario Reforma- a principios de junio que desde el 23 de mayo, uno de los pozos más productivos de Tamaulipas se encuentra en manos de un comando armado. Se trata de una de las instalaciones petroleras de la Cuenca de Burgos, el Gigante Uno, en Nueva Ciudad Guerrero. Se sabe que en el pozo se genera gas líquido no asociado y desde hace años la delincuencia organizada roba y revende a empresas gasolineras del área.
El hecho salió a la luz, luego de que familiares de cinco trabajadores petroleros denunciaran que se encuentran secuestrados por delincuentes que se apoderaron del Gigante Uno, ubicado por la carretera Ribereña, en los límites de Nueva Ciudad Guerrero y Nuevo Laredo.
En una estrategia mediática, el gobierno de Felipe Calderón, declaró al inicio de su gobierno una guerra al narcotráfico. En tres años y medio esa “estrategia” ha regurgitado casi 25 mil muertes, incluidos niños, jóvenes estudiantes, mujeres, ancianos y hombres de bien, cuya pérdida de vida sólo ha sido un “daño colateral” para el gobierno panista.
Si la violencia en Colombia nos parecía lejana hace apenas un tiempo, hoy la hemos rebasado con creces, pero con una condición aún peor: un sistema jurídico y penal acorde al siglo pasado. La justicia, ha dicho el propio presidente Calderón, “se vende al mejor postor”.
Ejemplo de las palabras de Calderón, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mandó apenas el pasado 15 de junio un mensaje al país terrible: El pleno de La Corte determinó por ocho votos contra tres, que no fincaría responsabilidades a los funcionarios que incurrieron en la violación grave de garantías individuales en el caso de la Guardería ABC del IMSS -donde murieron calcinados 49 bebés-, y que se limitará a señalar a quienes resulten “involucrados” en esos hechos.
El ministro instructor, Arturo Zaldívar, reprochó a sus compañeros que la Suprema Corte siga “dando tumbos” con la facultad de investigación que tiene y que se haya “acartonado” la atribución del máximo tribunal en la indagatoria de violaciones graves de garantías. “Si me quedo en minoría, pues me seguiré quedando en minoría (junto con Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero), esto no es un partido de futbol; lo que importan son los razonamientos, los argumentos y las convicciones”.
Las palabras del ministro cayeron en oídos sordos.
Por si no bastara, a este clima ha contribuido el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava. Primero rompió un pacto con el partido mayoritario en el país (PRI) –avalado por el presidente Felipe Calderón, según Beatriz Paredes-, y luego comenzó una campaña de denostación y maniobras que lo llevó a aliarse con su enemigo histórico, el PRD, en un pacto con Jesús Ortega Martínez, para las elecciones del próximo domingo en varios estados de la República.
Eso llevó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a renunciar al PAN. Sin embargo, en vez de ser un factor de equilibrio, el propio Gómez Mont se ha dedicado a denostar todo aquello que no le gusta, incluidos los medios de comunicación. Su más reciente caso, fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que insultó y calificó de “tonta útil…”, luego de que la Comisión denunció la muerte de dos niños a manos de elementos del Ejercito.
El asesinato político de Rodolfo Torre Cantú, no es el primero en el gobierno de Felipe Calderón. Pero en el entorno actual, es el más importante y preocupante, hasta ahora.
Es un clima de violencia extrema. Y en este ambiente todo puede pasar. Es el mismo en el que asesinaron al candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, y en el que también -¿coincidencia?- participó Manuel Camacho Solís, como actor principal junto a Carlos Salinas de Gortari.
Es similar al que comenzó a tejer el matrimonio Fox-Sahagún, antes de entregarle la banda presidencial a Calderón. Con la anuencia del PRI, el 27 de mayo de 2004, la Sección instructora de la Cámara de Diputados decidió "radicar" el expediente en contra del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Con esta decisión, se iniciaba formalmente el proceso de desafuero, quien estaba acusado por la Procuraduría General de la República (PGR), de violar la Ley de Amparo en el caso del predio 'El Encino'. Ello representó el inicio formal de las hostilidades políticas, rumbo a la sucesión del 2006, que puso en riego al país.
Es una ruta en la que no debería transitar el país, otra vez. Sin embargo, el escenario rumbo al 2012, ya se ha configurado. Ya sabemos cómo empezó…
