Por Francisco Ramírez R/ MUNDO LEGISLATIVO
El secuestro de Diego Fernández de Cevallos –negado primero por el gobierno y luego admitido-, está dejando una estela de enseñanzas para las instituciones de seguridad pública, los partidos políticos, los políticos y sus asesores en medios de comunicación, propaganda o relaciones públicas, cualquiera que éstos sean.
Quienes hayan tenido un poco de curiosidad, no pueden pasar por alto que en los Portales verticales de la Internet y en las redes sociales, conocidas por todos y otras no tan concurridas por el sector interesado en la política, han visto reflejado un fenómeno de masas muy bien conocido en Estados Unidos, pero muy poco analizado y subutilizado en nuestro país.
Independientemente de que nos guste o no, de la superficialidad del análisis de este “nuevo” entorno mediático, una masiva ola de opiniones y comentarios prácticamente ha invadido “las redes”, en torno al caso Fernández de Cevallos y las conclusiones del procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, en torno al asesinato de la pequeña Paulette Gebara Farah, convertido ahora en “accidente”.
En el caso del ex senador Fernández de Cevallos, los comentarios vertidos en portales verticales y en las redes sociales pudieran pasmar a cualquier espectador despistado de la realidad nacional. Lo que se ve y se lee en ellas, no es sino un síntoma de la descomposición social y moral que padecemos en México y que se ha venido incubando desde hace tiempo.
La aparente superficialidad o la crudeza de los comentarios vertidos en las redes sociales más conocidas como Facewook o Twitter, sobre el secuestro de Diego Fernández, no es otra cosa que el desprecio hacia una clase política corrupta y corruptora, cuya descomposición se ve reflejada en la ingobernabilidad que existe en el país, la carestía –por ejemplo, el precio del kilogramo de azúcar en 45 pesos, luego de estar en 8 y 11 pesos respectivamente-; la aplicación de la ley que se traduzca en una justicia limpia y expedita o en la carencia de oportunidades. Pero sobre todo, en el rosario de mentiras que diariamente receta el gobierno a la sociedad, mostrando un desprecio absoluto a la inteligencia de las personas, propias y extrañas.
En el caso de la muerte de Paulette, fue el propio procurador Alberto Bazbaz, quien en uno de sus primeros informes sobre el caso, afirmó que la autopsia revelaba una “obstrucción mecánica de las vías respiratorias” de la niña. Es decir, alguien la había asfixiado hasta matarla. La actitud de los padres de la niña, no eran de alguien que estuvieran viviendo una tragedia, sino que actuaban para una comedia por televisión. Era claro.
Por si algo faltara para desmentir a Bazbaz de su conclusión y cínica presentación “de resultados” sobre el caso, existe un video de dos peritos que localizan el cadáver y, textualmente, uno de ellos le señala al otro que la niña fue “madreada”. Es decir, a simple vista se veían edemas que delataban violencia.
No es creíble, pues, la actuación de Alberto Bazbaz y mucho menos sus conclusiones. ¿Qué pasó? Sólo él y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lo saben. Si hay un encubrimiento o no, sólo ellos lo conocen. Y el por qué.
No les bastaron las imágenes por televisión de diligencias y peritajes, recreación de acciones en la escena del crimen, incriminaciones mutuas de los padres; tendidos de cama. Pero concediendo lo impensable, once días con un cadáver ¿Y nadie se dio cuenta de ello?
Lo que no puede pasar por ningún motivo, es el cinismo y el desparpajo con que se presentó ante los medios Bazbaz, para dar su versión de los hechos, sin admitir preguntas. Eso no es transparencia, sino utilización de los medios para un fin.
Enrique Peña Nieto, es el candidato con más posibilidades –hasta ahora- a la presidencia de la República, por el PRI.
Si permite este abuso de autoridad o complicidad, de Bazbaz, va a tener un costo político muy alto para él y sus aspiraciones. Hay que ver Internet.
Y lo que es peor, aún no tienen el análisis y traducción de la masiva opinión reflejada en las redes sociales, porque si Peña Nieto o sus asesores la tuvieran, la consecuencia menor sería el despido inmediato del procurador y la orden de una nueva investigación, ante la ola de indignación social.
Si eso no sucede, sería una burla y una canallada a una sociedad menospreciada y ofendida por la impunidad que impera en las esferas del poder.
