Es terrible y muy desafortunada la declaración del presidente Felipe Calderón, al asegurar que en su guerra contra el narcotráfico, cuando se pierde la vida de una persona no importa, porque son los menos en los enfrentamientos del Ejército con presuntos delincuentes, o como víctimas de pandilleros, delincuentes comunes o militares.
Luego de tres años de una “guerra” mediática, política y mesiánica de Calderón, no hay un solo caso de civiles muertos en enfrentamientos con el Ejército o la Marina, que haya sido aclarado para la opinión pública porque todos eran delincuentes, y no existen registros de casos en que los militares que mataron en acción o por error estén siendo investigados o procesados.
Visto de ese modo, más de 22 mil personas están convenientemente muertas para saber qué eran, salvo la versión que se nos da. Pero conforme pasa el tiempo, hay voces en México y el extranjero que claman por investigar para aclarar esas muertes.
"Más del 90% de homicidios y ejecuciones, como hemos venido catalogando obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros; es decir, no son ni siquiera acciones, ha habido muchos soldados y muchos policías caídos en cumplimiento con su deber, pero éste es un porcentaje que no llega al 5% de esas muertes y son mucho menos todavía aunque los ha habido, por desgracia, y los lamentamos, algunos civiles inocentes alguna vez atrapado en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes, pero son realmente los menos", dijo.
Como para poder dormir tranquilos, añadió el viernes 16 de abril pasado -en el Congreso Virtuoso Simposium 2010 en un hotel de la ciudad de México- que la tasa de homicidios por violencia en México es de 11.6, cifra que es rebasada por países como República Dominicana, con 60 o Brasil con 22 y Colmbia 36, o ciudades como la capital de Estados Unidos, Washington, que alcanza los 31.
Y es que por sus palabras, a Calderón se le hacen pocos los cerca de 23 mil muertes que han ocurrido en solo tres años de su gobierno, número que fue dado a conocer la segunda semana de Abril por funcionarios federales que informaron a diputados de las cifras.
Tal vez porque no tiene parentesco con los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey; con los niños Bryan y Martin, de Tamaulipas; con los siete menores muertos en Durango o los 15 jóvenes ejecutados en Ciudad Juárez, ni con la niña o las tres personas muertas en Acapulco, por ejemplo, es que para él no tiene relevancia.
Tal vez la cifra no le diga que la sociedad se siente secuestrada por el miedo y la inseguridad, amén de las gavillas que asolan pueblos y ciudades remotas o cercanas del país, que ahora actúan sabiendo que el Estado no tiene capacidad para combatirlas, y que no le alcanzan ni las fuerzas armadas ni la estrategia de la que se carece.
El Ejército ha llegado a un grado de desgaste, desprestigio y a punto del repudio social por la muerte de civiles , que es ya casi insostenible su permanencia en las calles, haciendo una labor de policías que no les corresponden ni para lo cual están preparados.
Ante un comité del Senado, el general Enrique Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, ha admitido a mediados de abril pasado que hay entre los generales de alto rango en el Ejército, reticencias por continuar en una lucha que les fue impuesta para cubrir un expediente mediático y político ajeno a ellos.
El general expresa, en realidad, su preocupación por la magnitud de las operaciones militares, por las acciones que pudieran aparecer como violaciones, tanto en sí mismas como por las consecuencias de los “daños colaterales”, y que mañana –cuando se vaya Calderón- pueden tener ya que todos los organismos defensores de derechos humanos en México y el mundo han condenado.
El mismo general Galván, le señaló al propio presidente Felipe Calderón, que no es conveniente para nadie que “la guerra” se alargue, que no tenga fecha límite y que se actúe sin un marco legal que le permita hacerlo.
La visión acerca de la misión que hacen los marinos y militares en las calles del país, ni siquiera está unificada dentro del gobierno; el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, difiere de su jefe inmediato, al señalar que las acciones del Ejecito se basaron en un diagnóstico claro y preciso de la situación que se enfrentaba. Si así hubiese sido, habrían comenzado por depurar las policías infiltradas en todo el territorio, pero no han podido hacerlo.
El general brigadier Benito Medina, el director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y de la Fuerza Aérea, dijo en marzo pasado que en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ni el Ejército ni México puede enfrentar solos el problema. Que se requiere de algo que no hay ni habrá en lo mediato: de la cooperación internacional, ante un fenómeno transnacional en el que se necesita combatir el lavado de dinero, el tráfico de armas y los mercados de consumo.
Y peor aún, que la sociedad debe entender, dijo, que "no es por decreto, no es porque la presencia de parte del poder nacional, como son las Fuerzas Armadas y otras fuerzas, se presenten a tratar de mitigar el problema, éste va a dejar de existir".
Ahora, no saben qué hacer. Felipe Calderón no sabe qué hacer y busca apoyos mediáticos por todos lados.
Se empecina en mantener a los militares en un juego de resistencias muy peligroso, donde la “guerra” se pierde frente a la delincuencia y la sociedad queda atrapada en los “juegos del poder”.
