Por Francisco Ramírez R.
Registros de empresas, registros del IFE, registros de policías, registros de automóviles, registros de presos, registros telefónicos. Todos se venden al mejor postor. Y si eso no es el fracaso de un gobierno, tal vez tendremos que esperar hasta el final para que el convencimiento, las dudas y los reclamos salgan como tapón de sidra y lo poco que quede de la figura de Felipe Calderón se evapore, en medio un clamor generalizado por su fracaso.
Un gobierno, como éste, que no puede ni siquiera resguardar los archivos de los ciudadanos, y mucho menos organizar un registro telefónico, no puede, entonces, con nada y el país se sume en el caos como lo vemos a diario. Ahí está el testimonio del embajador de Estados Unidos en México: no habrá nueva inversión, por “la violencia en todo el país”.
Además, hay un rumor que crece dentro del propio cuerpo que se descompone: nadie toma decisiones en el gobierno panista de Felipe Calderón; nadie se arriesga, prefieren pedir “línea” a Los Pinos sobre los asuntos que les competen antes de tomar cualquier determinación, así sea menor. Están paralizados o han sido neutralizados, también, desde dentro.
Nadie puede decir o hacer nada, sin autorización expresa,
Ahora una figura que se revela: la de Patricia Flores - tres años como secretaria general de la Cámara de Diputados-. Flores ha sido discreta y poco ha trasciende el poder que ha ido acumulando en Los Pinos. Tras la salida de Gerardo Ruiz Mateos –ahora secretario de Economía- hizo ajustes importantes en el equipo de Los Pinos. Los secretarios de Estado tienen que pasar por su oficina antes de llegar a la del Presidente –con un par de excepciones-, para saber qué es lo que llevan. Encargada de la oficina de Los Pinos, Flores, solicitó al erario un aumento de casi el 100% en el presupuesto de operación de la oficina a su cargo para 2010, elevándolo de 73.5 a 145.9 millones de pesos.
Nadie gasta, nadie decide. Primero, la tramitología, la normatividad le llaman, como el Dios que requiere sacrificios para que no castigue a los impíos funcionarios que se atrevan a decidir.
El cuerpo que se descompone y empieza a oler mal, es el de un gobierno que se paralizó y se corrompió bajo la mirada estupefacta de una sociedad que no sabe qué hacer, ni donde resguardarse y ni a quién acudir; con la desconfianza que crece en medio de una crisis económica y una violencia que carcome todo a su paso, atajada con la demagogia y la mentira.
El registros de teléfonos celulares, fue una medida mediática e irracional que “alguien” la propuso como “remedio” a la incapacidad del gobierno para “garantizar” la seguridad de los ciudadanos ante el incremento de extorsiones por esta vía, porque no pudieron combatir ni siquiera las llamadas desde los reclusorios a ciudadanos de la calle.
Apenas el 14 de abril pasado, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, le exigió a la secretaría de Gobernación y al presidente Calderón, que detuviera y desechara el registro. En tribuna, se enumeraron, una por una, las fallas del dichoso registro. Los panistas en San Lázaro y en todos lados, salieron en “su defensa”.
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados exigió al Gobierno federal suspender de inmediato la instrumentación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut); que cese la suspensión o cancelación del líneas, debido a que dicho programa "no funciona, no sirve, y está rebasado, además de que el proceso de registro de usuarios ha fracasado rotundamente", demandó en tribuna Omar Fayad.
El exhorto se hizo a la Secretaría de Gobernación (Segob), Registro Nacional de Población (Renapo), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pero nadir hizo caso.
El priísta Fayad Meneses que representaba a los legisladores de la fracción advertía que "el Renaut como se ha operado hasta hoy no sirve para lo fines que fue establecido, ha existido indolencia por parte del Ejecutivo federal para su correcta implementación con estricto apego a la ley y también para subsanar sus deficiencias”. Se propuso, entonces, ante la gravedad de las fallas, dar un año más de plazo.
Un día más tarde, senadores del propio PRI, PAN y PRD se opusieron a la decisión de la Cámara de Diputados de extender el plazo para inscribir teléfonos móviles en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut) un año más.
Incluso, los legisladores lamentaron que sus pares en San Lázaro hayan desantendido el origen de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que era el de proteger a los ciudadanos de las extorsiones y los secuestros. Los mismos que decían esto, ahora están callados ante el escándalo que suscitado la venta y los recursos para trampear el Registro, como la venta de chips registrados con otros nombres.
El secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara alta, el panista Juan Bueno Torio, lamentaría la decisión del pleno de la Cámara Baja de prolongar la inscripción al Reanut. “Siempre no la pasamos prorrogando términos, hay que cumplir con el término y salir adelante con este proyecto. Yo creo que ya debemos registrarnos todos, ya ha habido mucho tiempo para registarse, yo pienso que así debe ser”, aseguró.
José Isabel Trejo Reyes, senador del PAN e integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, también descalificó el aplazamiento. Recordó que la creación del Renaut fue para contrarrestar los embates de los secuestradores y los extorsionadores. “Pero, también no debemos de aflojar la cuerda tanto, porque entonces el cuento de nunca acabar y hay que recordar que el tema de la seguridad pública fue el tema que más nos orilló a que tuviéramos esta medida, porque se usan muchos teléfonos celulares para el chantaje, para el secuestro y la delincuencia organizada es la que más ha usado esta tecnología y son miles y miles de personas hostigadas a través de teléfonos celulares”.
El perredista Tomás Torres Mercado, secretario de la Comisión de Justicia, afirmó que la prórroga para efectos de ley, no servirá de nada y anunció la presentación de una propuesta para dar de baja definitiva a aquellos teléfonos celulares que no tengan un sistema de georeferenciación, que permita saber de qué punto geográfico del país se hizo una llamada.
Bueno, pues todos ellos se equivocaron. No vieron lo que estaba claro y que se hizo más que evidente en los últimos días del registro.
Ahora, puras lamentaciones, amenazas de investigaciones y de “castigo a los culpables”.
Los datos de usted y de todos, están ahora en manos de más delincuentes, y la sociedad está expuesta a mayores amenazas ante la incapacidad manifiesta de un gobierno que se pudre.
