Por Francisco Ramírez R.
Los congresistas no cambian.
Como los malos mexicanos todo a última hora -y hay buena constancia de ello- como siempre, cuando hacen trueques no por el país, sino porque les conviene, quieren, los presionan o porque no quieren.
Así de simple, así de delicado para una nación que se vuelve a quedar rezagada entre 20 y cincuenta años, respecto a otras naciones que una o dos décadas atrás estaban atrás de nosotros.
En medio de la disputa por una docena de gubernaturas; de la ola de violencia que recorre todo el país como un escalofrío y la aplastante ineptitud del gobierno, el Congreso queda varado también con una serie de reformas que no alcanzan a librar los intereses de la oligarquía, los humores de los generales al mando; y hasta los delincuentes y secuestradores pueden seguir sus ilícitos, todo, claro, hasta después de septiembre fecha en que las Cámaras de diputados y senadores se reúnen de nuevo.
Parecería que el país está en Jauja y que aquí no pasa nada, cuando la realidad desborda todo.
Los indicadores en materia económica reflejan una profunda crisis en la materia, en lo laboral, en materia educativa, en salud, en valores, en inversión, seguridad, ingresos, alimentación, poder adquisitivo, calidad de vida, cuidado al medio ambiente y una pujante impunidad hasta para armar espectáculos televisivos como el secuestro y feliz término de rehenes en la capital y el claro encubrimiento del asesinato de la niña Paulette; o la emboscada el pasado martes 27 de abril, en las cercanías del municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca.
Relatar estos casos puede llevar varios tomos sobre la memoria pública de un país violento y en ruinas. Tan desastrosa es la imagen del país, que la naviera de cruceros más importante del mundo, anuncia que deja de venir a México a partir de enero de 2011.
El Congreso está reflejando y alienta lo que sucede en la sociedad: desorden, intereses encontrados, desacuerdos, opacidad y hasta impunidad por carecer de un reglamento que los obligue a rendir cuentas.
Por ejemplo, la Cámara de Senadores aprobó con 105 votos a favor, uno en contra y una abstención las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que establece las reglas con las que los elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Área pueden participar en auxilio de las autoridades civiles, pero no toca el fuero militar. El artículo 72 de la Ley de Seguridad Nacional señala que “las conductas que sus miembros realicen (de las Fuerzas Armadas) y pudieren ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Esta disposición deja abierta la posibilidad de que sean los tribunales militares quienes juzguen violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por elementos castrenses, debido a que el artículo 13 constitucional expresa que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Pero el artículo 72 se menciona que las “fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, con lo cual se legaliza la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.
La Ley de Seguridad Nacional plantea un marco jurídico para la presencia de militares en actividades de seguridad pública pero no señala con claridad en qué momento -¿cinco meses?- o situaciones saldrán los cuerpos castrenses de dichas actividades, ni reforma el fuero militar.
No sólo por el tiempo, sino porque los militares han dejado saber su inconformidad con la Ley aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados la detuvo. Por ejemplo, el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, anunció que presentará una iniciativa propia debido a que “es necesaria la limitación de la extensión del fuero únicamente para aquellos delitos que tienen exacta conexión con la disciplina militar y excluir los delitos del fuero común como el homicidio, lesiones, violación y abuso de autoridad, garantizando el acceso a la justicia de víctimas y procesados”. Dijo que debe prevalecer la jurisdicción civil sobre la militar, estableciendo el requisito de declinación de competencia previo al conocimiento del Ministerio Público o Juzgado Militar.
En la Ley se descartó la propuesta de Felipe Calderón que, entre otros puntos, quería la creación del concepto de “amenazas a la seguridad interna” y que, cuando esto exista, se declare la suspensión de garantías, lo que hubiera dejado en manos del ejército nuevamente la “seguridad” ciudadana.
Los diputados sepultaron los dos temas prioritarios del Senado: Seguridad Nacional y Derechos Humanos. Los senadores, por su parte, no dieron entrada a la ley antimonopolios, que fue aprobada por mayoría en San Lázaro
Fue tal “el vaporazo” legislativo que se aprobaron, entre otras:
- la Ley antisecuestros en el Senado, que prácticamente otorga cadena perpetua a estos cobardes delincuentes, pero no resarce los daños económicos a las víctimas;
- el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 344 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, el dictamen por el que se expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores que reglamenta el artículo 4º constitucional, para que los trabajadores formen parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos;
- la reforma y adición a diversos artículos de la Ley General de Educación, con la finalidad de incluir los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático;
- el dictamen por el que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual tiene por objeto establecer las bases para la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social entre los tres órdenes de gobierno;
- la reforma del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales que pretende inhibir y nulificar el delito de robo al transporte ferroviario y establece una pena de hasta 30 años de prisión para quien lo lleve a cabo, ejerzan violencia en caminos, parajes solitarios y en las vías férreas de nuestro país;
- las reformas legales en materia de competencia económica, con las cuales se fortalecen las facultades de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y se modifica y aumenta el cálculo de sanciones económicas para las empresas que incurran en prácticas monopólicas;
- los diputados avalaron reformas a la Ley General de Salud, para regular la práctica de cirugía plástica y especializada. El documento estipula que quienes realicen esas actividades deberán contar con título, entrenamiento y estar certificados por algún Consejo de Especialidades Médicas.
Algo de cuidado y que los legisladores del PRIAN metieron “por la puerta de atrás”:
El jueves 29 de abril, en el último día de sesiones y con 77 votos a favor del PRI y el PAN, el Senado aprobó en lo general la Ley de Asociaciones Público Privadas. Con ésta se permite a empresas nacionales y extranjeras participar en la construcción de obras y en todo tipo de servicios para los tres niveles de gobierno. EN TODO.
Gracias a los senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia que denunciaron que el dictamen elaborado por el priísta Eloy Cantú, ni siquiera se discutió, lograron detenerla al reservar 60 artículos.
Los legisladores alertaron que se den contratos ¡por 40 años! para que trasnacionales construyan y operen plantas eléctricas, carreteras, hospitales, cárceles y sistemas hidráulicos.
Resaltaron que habrá una fuerte deuda pública, que no se reconoce como tal, al financiar a los inversionistas privados. “¡Es un atraco, un asalto en despoblado¡”, exclamó el petista Ricardo Monreal, quien presentó reservas a 60 de los 135 artículos de esa ley. La mayoría de los artículos reservados no fueron discutidos porque el senador Arturo Núñez verificó el número de senadores presentes a petición del perredista Tomás Torres (pues a su juicio no había cuando menos 65 legisladores, que es el quórum mínimo para que sesione la Cámara) y suspendió la sesión.
Ambas Cámaras aprobaron una reforma para endurecer las penas contra los pederastas. La minuta fue recibida por los senadores proveniente de la Cámara de Diputados, el pasado 28 de abril de 2009, y contempla de nueve a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 días de multa a quien abuse de un menor de 18 años.
La bancada del PRI decidió de última hora modificar el dictamen de la cuenta pública de 2007, primer año de la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, para dejar de manera explícita su desaprobación al gasto de ese ejercicio fiscal. La bancada priista se definió, tras las críticas de los diputados del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, Mario Di Costanzo y Gerardo Fernández Noroña sobre que incumplieron con su responsabilidad y el argumento era contradictorio. Fernández Noroña recriminó a los priistas su falta de congruencia y los retó a que incluyeran de manera explícita que en el dictamen se reprobaba la gestión financiera del Gobierno de Felipe Calderón. "Están cantinfleando compañeros del PRI. El dictamen los obliga a votar explícitamente la desaprobación de la cuenta pública del 2007, si no siguen abonando a la simulación", advirtió el diputado del PT.
Y así, el país se quedó a medias en materia legislativa, de nuevo. Y expuesto a los intereses de grupos económicos poderosos que buscan alejar al Estado de sectores prioritarios.
