A mediados de junio de 2009, el senador Manlio Fabio Beltrones -quien coordina los acuerdos y la bancada del PRI en el Senado, con el gobierno federal- hizo una advertencia muy seria que al parecer no tuvo eco en los ámbitos que debió, pero que se vuelve más clara al paso del tiempo.
Acusó al gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, de llevar al país a un estado acelerado de situaciones que calificó de fascistas, y cuyos signos se han acentuado en el transcurso de los meses, lo que ha hecho reaccionar muy rápidamente a observadores internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, ésta última con más tibieza que efectividad.
El reclutamiento, formación y uso de “informantes” y de guardias blancas y escuadrones de la muerte en México -al estilo de los años sesentas en el país, como los Halcones-, ha sido puesta en evidencia pública por un personaje que se vuelve siniestro al paso de las semanas, y que al parecer goza de la protección de las autoridades federales -al menos según sus dichos y acciones- y que es un ejemplo del pensamiento y la obra de extremistas llegados al poder. Pese a sus acciones, no es investigado por autoridad alguna. Incluso, declaró tener el respaldo de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación. Y pese a lo evidente de sus actos, el presidente Calderón no ha emitido comentario alguno sobre su correligionario en el PAN.
Después de haber dado a conocer públicamente que pagó a Alberto Mendoza Contreras alias el ‘Chico Malo’, como informante del municipio, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández declaro ante la Subprocuraduría de Investigaciones para el combate a Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República, para explicar su vinculo con esta persona.
“Era nada mas aclarar. Por mis declaraciones públicas obligaba a hacerlo, cuando yo declaro que a esta persona se le había pagado por su información”. Según el edil de San Pedro en Monterrey, el ‘Chico Malo’ dio la lista de policías de este municipio que estaban vinculados con el Cartel de los Beltrán Leyva.
Fernández Garza dijo que pidió al Secretario de Gobernación; Fernando Gómez Mont apoyo por parte de la Marina, el Ejército Mexicano y la PGR para que le hagan llegar información de personas que pueda proporcionar datos importantes relacionados con la plaza de San Pedro. “Yo lo que estoy tratando es de eliminar el crimen organizado en todas sus formas en San Pedro Garza García y la información que te proporcione este tipo de gente es muy puntual”.
Aseguró que está respaldado por la federación para tener informantes. Señaló además que para el próximo año se pretende crear un sistema de incentivos para dar un pago a la ciudadanía que denuncie alguna situación ilícita, así como para el grupo rudo y de inteligencia.
Pero “este tipo de gentes” - Alberto Mendoza Contreras, alias “El Chico Malo”- al que se refiere el alcalde Mauricio Fernández, fue señalado y capturado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) como el operador principal del cártel de los Beltrán Leyva en el municipio de San Pedro Garza García. Su aprehensión ocurrió el 23 de mrazo pasado en la colonia Fuentes del Valle de dicha localidad, como resultado de operaciones inteligencia naval.
Junto a Mendoza Contreras fue detenido su lugarteniente, Hugo López Reyes. El contralmirante de la Semar, José Luis Vergara Ibarra, dio a conocer que Mendoza Conteras tomó el control de la plaza de San Pedro Garza García a finales de 2009, “trabajaba con Pedro Velázquez Amador, alias ‘La Piña’, así como para diferentes cárteles, principalmente el de los Beltrán Leyva”. “También ha colaborado para Nacho Coronel y Juan Esparragoza, alias ‘El Azul’ y se dedica a la localización de personas buscadas por esos cárteles”.
Además, a Mendoza Contreras se le involucra con diferentes hechos delictivos, así como con el aseguramiento de droga ocurrido el pasado 15 de marzo en San Pedro Garza García. Este es el eficiente “informante” del alcalde Panista.
Mauricio Fernández, tiene otro antedecedente y pude ser ejemplo de lo que podría estar sucediendo en otros lugares del país, el alcalde de San Pedro, Nuevo León, supo del asesinato de un secuestrador y narcotraficante en la Ciudad de México ¡cuatro horas antes de que las autoridades del DF encontraran su cadáver!. De acuerdo con El Norte, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, anunció a finales de Octubre de 2009, en su discurso de toma de posesión del cargo que el secuestrador y narcotraficante Héctor Saldaña “El Negro” había sido encontrado muerto en la Ciudad de México junto con su hermano Alan Mauricio Saldaña, conocido como “El Flaco” y otros dos secuestradores más.
Otros hechos hacen temer a legisladores de oposición, organizaciones ciudadanas, defensores de derechos humanos y organismos internacionales como Naciones Unidas, que el Estado, bajo el gobierno panista de Calderón, esté entrando en una descomposición acelerada al propiciar y tolerar actos fuera de la Ley de autoridades y de las fuerzas del orden, como ejecuciones sumarias, secuestros con fines de tortura y desaparición forzada de personas.
“Los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son las intervenciones telefónicas, los cateos y el arraigo, están siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa”. Denunciaría el senador Beltrones en una amplia y reveladora entrevista, aparecida en el número 1702 de Proceso.
Pero ni él, ni otros legisladores han hablado de remediar o poner una fecha límite a esos “instrumentos de excepción”, pese a las evidencias de su mal uso, y analizan apenas el regreso de los militares a sus cuarteles, mediante un mandato del Congreso.
Organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, testimonios de familiares y declaraciones de detenidos refieren que el arraigo y la tortura se han convertido en las principales armas en la guerra del gobierno contra el crimen organizado.
El Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH), por ejemplo, ha documentado en la ciudad fronteriza de Tijuana, “arraigos masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”. El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, advierte que lo que ocurre en Tijuana es una muestra de lo que está sucediendo en otras partes del país.
“Hay prácticas realmente preocupantes porque se violan los derechos mínimos de las personas, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia”, asegura.
Los grupos que han investigado diversos casos encontraron patrones similares, en los cuales la tortura se realiza al amparo del arraigo. Sin tener órdenes de aprehensión, los militares detienen a las personas. Luego las trasladan a los cuarteles “Morelos” y “El aguaje de la tuna”, del 28 Batallón de Infantería. “Ahí, los detenidos son golpeados e incomunicados por varios días. Se les trata de asfixiar con bolsas de plástico y les aplican descargas eléctricas”, explica Francisco Sánchez Corona, coordinador del OCDH.
Casos como estos se están documentando y denunciando desde el extranjero, porque en México, dicen, nadie está haciendo algo al respecto.
