Enrique Mendoza Hernández y Adela Navarro Bello/ Semanario Z
Hasta junio de 2011, a la administración del Presidente Felipe Calderón se le conocía como “el sexenio de los 40 mil muertos”. Desafortunadamente, la cifra ya fue rebasada por mucho; léase: a partir de julio de 2011, a la gestión calderonista puede nombrársele ya como “el sexenio de los 50 mil muertos” o “el Presidente de los 50 mil muertos”… hasta el momento.
Los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado no tienen fin. A lo largo y ancho del México bárbaro contemporáneo, abundan ejecutados, decapitados, desmembrados, desintegrados en ácido, enterrados en narcofosas, incinerados, encajuelados, asfixiados, enteipados, degollados, estrangulados, colgados.
Los muertos oficiales
Tomando en cuenta las tarjetas informativas de las fiscalías estatales y la federal, de secretarías de Seguridad Pública estatales y federal, en cuatro años y medio del sexenio del Presidente de la República, Felipe Calderón, ZETA ha documentado por lo menos 50 mil 490 asesinatos relacionados con el crimen organizado; la cantidad incluye lo que el Gobierno Federal clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”:
* 2006: 62 muertes relacionadas con el crimen organizado nada más en diciembre, cuando inició el actual sexenio.
* 2007: 2 mil 826.
* 2008: 6 mil 837.
* 2009: 11 mil 753.
* 2010: 19 mil 546.
* 2011: 9 mil 466.
De acuerdo con la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de 2006, de 2001 a 2006 se registraron 8 mil 780 ejecuciones; en cuatro años y medio del sexenio del Presidente Felipe Calderón los asesinatos relacionados con el crimen organizado aumentaron en un 575 por ciento, en relación con la administración de Vicente Fox Quesada.
Además, de los 74 mil 551 homicidios dolosos ocurridos durante el sexenio foxista, 8 mil 780 corresponden a ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. 11.7 de cada 100 homicidios dolosos durante la gestión de Fox estaban relacionados con el narcotráfico. Mientras tanto, en la administración de Felipe Calderón, de 70 mil 107 homicidios dolosos ocurridos entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, el 72 por ciento corresponde a asesinatos relacionados con el crimen organizado.
De hecho, cuando Alejandro Poiré informó el 12 de enero de 2011 que durante 2010 sucedieron 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado, de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en realidad el funcionario reconoció que el 75.88 correspondía a crímenes relacionados con narcotráfico.
Los “otros” muertos
Por supuesto, no todos los homicidios dolosos son ejecuciones, estas últimas son definidas por el Gobierno Federal por su “presunta relación con el crimen organizado”. Por ejemplo, de los 19 mil 546 homicidios dolosos ocurridos en 2010, el Gobierno Federal, a través de Alejandro Poiré, reconoció el 12 de enero de 2011 la cantidad de 15 mil 273 “ejecuciones”, clasificadas oficialmente como relacionadas con el crimen organizado.
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las 15 mil 273 “ejecuciones” corresponden a homicidios dolosos cometidos con arma de fuego, arma blanca e incluido un tercer renglón, denominado “sin datos”.
Pero hay una cuarta categoría de homicidios dolosos denominada por la Secretaría de Seguridad Pública como “otros”.
En una especie de “fosa común” en las estadísticas oficiales, en la clasificación “otros” homicidios dolosos, se encuentran apilados los que no fueron asesinados por arma de fuego ni arma blanca. En este rubro se sumaron 4 mil 674 nada más en 2010.
Haciendo sumas:
En 2010 hubo 4 mil 674 “otros” muertos; 3 mil 946 en 2009; 3 mil 487 en 2008; 4 mil 202 en 2007; 271 en diciembre de 2006 y 2 mil 253 hasta mayo de 2011. Por si fuera poco, en la categoría de homicidios dolosos “sin datos”, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hasta los primeros cinco meses suman 459; en 2010, mil 271; en 2009, mil 043; en 2008, 2 mil 302 y en 2007, 743.
En total los “otros” muertos suman en cuatro años y medio del actual sexenio 18 mil 833, y en el apartado de homicidios dolosos “sin datos”, la cantidad es de 5 mil 818. En pocas palabras, por lo menos 24 mil 651 muertos clasificados como “otros” y “sin datos” no son tomados en cuenta en las estadísticas del Gobierno Federal, relacionados con el crimen organizado.
— En cuanto a las cuatro categorías de los homicidios dolosos (por arma de fuego, arma blanca, “otros” y “sin datos”), ¿en cuál de estas clasificaciones entran los decapitados, desenterrados de fosas comunes, enteipados, encajuelados, desmembrados, estrangulados, colgados e incinerados?, preguntó ZETA a un funcionario del Sistema Nacional de Información (SIN), quien pidió el anonimato.
“Justamente en ‘otros’. O sea, si es un decapitado, pues obviamente en ‘otros’, porque no está la categoría de decapitados. Tampoco hay un apartado que diga ‘ejecuciones’, ‘decapitados’, que estén específicamente y que tú digas: ‘Bueno, ¿dónde está el descuartizado que encontraron hace dos semanas?’. Pues obviamente, a lo mejor lo reportan (las procuradurías estatales) sencillamente como un homicidio y es ‘sin datos’”.
Un ejemplo muy claro de cómo el Gobierno Federal ha sido rebasado en cuanto al registro de ejecuciones, es el Estado de Chihuahua: El 14 de marzo pasado, la Procuraduría General de Justicia de aquel Estado reportó 7 mil 209 homicidios, pero solamente informó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal sobre 4 mil 233, de los cuales 3 mil 806 fueron clasificados como dolosos y 427 como culposos. Es decir, restando 7 mil 209 menos 4 mil 233, da como resultado que por lo menos 2 mil 976 asesinatos no fueron reportados.
ZETA solicitó entrevista con el licenciado Carlos Manuel Salas, fiscal general del Estado de Chihuahua, para saber más sobre el evidente ocultamiento de información al Gobierno Federal, pero hasta el jueves 7 de julio no se obtuvo respuesta.
“Ahí entra la cuestión de las procuradurías (estatales) que a lo mejor quieren ahí dar alguna otra imagen y que a lo mejor no te reportan los cinco encajuelados que encontraron hace tres semanas, ¿no?”, dijo a ZETA el funcionario del Sistema Nacional de Información.
— ¿Habrá alguna estimación sobre a cuánto ascenderá la cifra negra de homicidios a nivel nacional?
“No, porque el Sistema Nacional de Información sólo captura la información, por eso te digo que no son estimaciones que proporcionan las procuradurías (estatales), y no es tarea del SIN checar, investigar o calcular una cifra negra”.
Frontera de muertos
De los 50 mil 490 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado documentados por ZETA, correspondientes a cuatro años y medio del sexenio del Presidente Felipe Calderón, 30 mil 740 sucedieron nada más en ocho estados del Norte de México, en el siguiente orden:
1.- Chihuahua: 11 mil 264 ejecuciones
2.- Sinaloa: 6 mil 055
3.- Baja California: 3 mil 702
4.- Durango: 2 mil 800
5.- Nuevo León: 2 mil 043
6.- Tamaulipas: Mil 964
7.- Sonora: Mil 876
8.- Coahuila: Mil 036
Tal como lo muestran las estadísticas de ZETA, Baja California todavía ocupa el tercer lugar en cuanto a ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, a pesar del discurso triunfalista del gobernador José Guadalupe Osuna Millán.
Asimismo, la guerra que mantiene el Gobierno Federal contra el crimen organizado y la que sostiene el Cártel de Sinaloa liderado por Joaquín Guzmán e Ismael Zambada contra otras organizaciones criminales, han arrojado 30 mil 740 ejecuciones, tomando en cuenta que, según la Procuraduría General de la República, en los estados fronterizos y norteños “El Chapo” Guzmán disputa toda la frontera a organizaciones como el Cártel Arellano Félix en Baja California, “Beltrán Leyva” en Sinaloa; el Cártel de Juárez en Chihuahua; y el Cártel del Golfo y “Los Zetas” en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango.
Una zona cruenta en la frontera de México con Estados Unidos es Nuevo León y Tamaulipas: Cielo, tierra y mar significan la plaza perfecta para el trasiego de droga a Estados Unidos y es harto codiciada por diversas organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel del Golfo y “Los Zetas”. En esos dos estados, en los últimos cuatro años y medio han sucedido por lo menos 4 mil 007 ejecuciones de las 50 mil 490 ocurridas en todo el país.
De acuerdo con el Informe PGR de 2010 sobre delincuencia organizada, “originalmente ‘Los Zetas’ eran el grupo armado del cártel del Golfo; sin embargo, en diciembre de 2009 rompieron con sus aliados por diferencias en el control de los mercados y rutas. A partir de enero de 2010, se han enfrentado en Tamaulipas y Nuevo León, lo que explica el incremento de la violencia en estos estados”.
— ¿Entonces cómo se da esta separación de “Los Zetas” del “Cártel del Golfo” y empiezan Ustedes (Los Zetas) a operar?, preguntó la Policía Federal a Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias “El Mamito”, uno de los líderes y fundador de “Los Zetas” aprehendido el 5 de julio último.
“Ellos (los integrantes del Cártel del Golfo) empiezan, se juntan con los cárteles de ‘La Familia Michoacana’, con ‘El Mayo’ Zambada, con ‘El Chapo’ Guzmán, con los de Jalisco, ellos hacen su alianza y para cuando se hace la ruptura nos empiezan a matar gente; ellos ya estaban organizados y ahí es donde se separan los dos grupos, ya se hace un solo grupo, se hacen ‘Golfos’ o ‘Zetas’”.
“El Triángulo” de los muertos
La intersección de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango conocida como “El Triángulo Dorado” es el “narcoparaíso” de Joaquín “El Chapo” Guzmán, parcela fértil para el cultivo de marihuana y amapola; sobre todo es el corredor idóneo para el trasiego de droga hacia Estados Unidos.
Nada más en estos tres estados, en los últimos cuatro años y medio de Gobierno Federal se concentran 20 mil 119 ejecuciones de las 50 mil 490 documentadas: 11 mil 264 ocurrieron en Chihuahua, 6 mil 055 en Sinaloa y 2 mil 800 en Durango.
— ¿Tiene un análisis el gobierno de Durango sobre los cárteles que enfrentan una guerra en la Sierra Madre?, pregunta ZETA al gobernador de aquel estado, Jorge Herrera Caldera.
“Tenemos información por parte de aquí de la Fiscalía General Autónoma de Durango que está trabajando directamente con la PGR a nivel nacional, y en base a ese análisis que se tiene conjuntamente, pues sí se ve la existencia de diferentes grupos que actúan sobre todo en el lado de la sierra del ‘Triángulo Dorado’, lo que es Sinaloa, Chihuahua y Durango, es donde se encuentra más fuertemente una situación que inquieta y lo que nos tiene con un poco más de inseguridad en el estado. Y por otro lado en la zona que es ‘La Laguna’, que es la frontera entre una zona metropolitana de Torreón y (el municipio de) Gómez Palacio aquí en la zona de ‘La Laguna’. Y la otra zona que también se ha vuelto peligrosa es la frontera del Sur de Durango, que son los límites con Zacatecas”.
— ¿Son diferentes organizaciones criminales las que mantienen la inseguridad en estos tres puntos que nos comenta, gobernador?
“Bueno, son diferentes organizaciones de los diferentes cárteles que existen en la región, y pues hay como un trabajo conjuntamente que se está realizando entre los tres niveles de gobierno, sobre todo con el apoyo de la Federación, de la Policía Federal, del Ejército y elementos de la Policía Estatal, es como hemos estado haciendo diferentes operativos y en algunas ocasiones con la ayuda de las fuerzas municipales, pero también hay que decirlo, pues son organizaciones, más bien las policías municipales tienen realmente poca manera, pocos elementos para poder realizar una labor conjunta; y lo estamos haciendo, pero más fuertemente Gobierno Federal y Gobierno Estatal”.
— ¿Funciona la presencia militar para inhibir la inseguridad, para disminuir las ejecuciones de alto impacto?
“Definitivamente sí; creo que se ha hecho una labor muy eficaz por medio de las Fuerzas Armadas y no solamente de las Fuerzas Armadas del Ejército mexicano, sino también ha tenido una participación muy activa y eficaz toda la Policía Federal en diferentes operativos, pues han realizado un trabajo exitoso en los diferentes puntos donde se ha hecho este trabajo del Estado y en los puntos también que se ha realizado, que es conjuntamente con otros estados como es el caso de ‘La Laguna’”.
— ¿Entonces a qué se debe el incremento el número de ejecuciones? Hasta mayo de 2011, Durango ocupa la quinta posición, con 567…
“Bueno, definitivamente estas acciones se dan precisamente con ese objetivo: ir disminuyendo estas acciones”.
Hasta ahí la entrevista del día martes 5 de julio, porque la comunicación telefónica con el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, fue interrumpida. ZETA insistió los siguientes días para continuar, pero hasta el jueves 7 de julio no hubo respuesta.
Este Semanario también platicó brevemente con el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, no obstante, al igual que su homólogo de Durango, a “Malova” tampoco le interesa hablar sobre narcotráfico:
– Gobernador ¿cuántos de estos 6 mil 055 homicidios durante los últimos cuatro años y medio están en el orden federal y cuántos en el común?
“Pues mándame una lista con tus preguntas. No tengo datos y no quiero cometer errores en las cifras, porque pues no tengo estadísticas en este momento”.
— Dejando de lado las cifras, ¿sabe cuáles son las organizaciones criminales que convergen ahí en Sinaloa? El cártel de “El Chapo” Guzmán, “Los Zetas”… ¿Los tienen identificados en la Procuraduría o Fiscalía estatal de Sinaloa?
“Bueno, pues eso es una pregunta para el Procurador…”.
— ¿No hablas del tema (de narcotráfico) o no quieres hablar con nosotros?
“No le saco a nada. Pero tengo funcionarios que son los especialistas en la materia, y bueno, pues esas preguntas que tú haces están muy claras, ¿no?”.
— En febrero último, Manuel Clouthier Carrillo, diputado federal panista, hijo del ex candidato presidencial Manuel Clouthier en 1988, dijo que “El Gobierno Federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto… Sinaloa sigue sin ser tocado en la guerra contra el narco y la narcopolítica”. Gobernador, ¿tiene abandonado el gobierno federal al Estado de Sinaloa?
“No me quisiera meter en esa dinámica. Yo quiero entrevistas que le sirvan a Sinaloa, no que provoquen controversias con nadie. No respondo ese tipo de entrevistas”.
— Gobernador, la inseguridad es una realidad en el país a la cual no nos podemos sustraer…
“Ahí hay una declaración de un diputado federal que Ustedes la están expresando, y bueno, no me meto en eso”.
— ¿No tienes opinión en relación al narcotráfico?
“No, yo tengo trabajo. Estoy trabajando y luchando contra todos”.
— Y en el tema de la seguridad, ¿cuál es su estrategia para Sinaloa, Gobernador?
“Te la puedo pasar, si me das oportunidad, te puedo pasar mi Plan Estatal de Desarrollo, te puedo pasar todas mis acciones, mis metas, te puedo pasar una relación de todo lo que hemos logrado en estos seis meses de gobierno, encantado de la vida, si me das oportunidad y hoy mismo”.
Hasta ahí la breve entrevista con el Gobernador de Sinaloa.
Dicho sea de paso que, para saber cuál es la situación en cuanto a narcotráfico en la frontera de México con Estados Unidos, ZETA también solicitó entrevista con César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua; Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; y Rodrigo Medina, de Nuevo León, pero hasta el jueves 7 de julio ninguno emitió respuesta favorable.
Las “cifras menores” del Presidente
“El gobierno va ganando la lucha (contra el narcotráfico)”, diría Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación, el 2 de diciembre de 2010. Tal ha sido el discurso oficial del gobierno federal.
Obviamente, el Presidente Felipe Calderón tampoco reconoce que no va ganando su guerra contra el crimen organizado: “Entiendo perfectamente y sé que es la percepción generalizada de que la guerra se va perdiendo. No comparto la afirmación”, ha dicho.
A lo largo del sexenio el gobierno federal no ha reconocido la totalidad de las ejecuciones. De hecho, en 2010 calificó como cifras menores los homicidios relacionados con el crimen organizado: “Hubo cifras menores en enero, hubo cifras menores en febrero”.
Por supuesto, los pronósticos presidenciales fallaron porque las “cifras menores” alcanzaron el récord en 2010 de 19 mil 546 asesinatos relacionados con el crimen organizado de acuerdo con las propias fiscalías estatales, la federal, secretarías de seguridad pública estatales y federal. El promedio de ejecuciones por mes durante 2010 fue de mil 628. Cifra nada menor, la que se ha generado este año. El promedio de ejecuciones aumentó en los primeros 5 meses de 2011 alcanzando una media de mil 893 mensualmente.
“La tasa de homicidios en México es de 12 por cada 100 mil habitantes, mientras que en Brasil es de 25 por cada 100 mil habitantes. Eso sí, Brasil se lleva la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos”, justificó Calderón en 2010. Pero resulta que si el INEGI da cuenta de 112 millones 336 mil 238 mexicanos y si en 2010 el gobierno federal registró 20 mil 127 homicidios dolosos, entonces la tasa de asesinatos en México ese año fue de 17.9 por cada 100 mil habitantes.
Pero antes que cambiar su estrategia contra el crimen organizado, Felipe Calderón prefiere encomendarse al Papa Benedicto XVI: “Santo Padre, gracias por su invitación, gracias a usted y a la Iglesia. Le traigo una invitación del pueblo mexicano. Estamos sufriendo por la violencia. Ellos lo necesitan más que nunca, estamos sufriendo. Lo estaremos esperando”, dijo el Presidente Felipe Calderón al Papa Benedicto XVI durante la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II en mayo último.
Las “bajas colaterales”
Empresarios, defensores de los derechos humanos, activistas, secuestrados, estudiantes, niños, periodistas y muchos otros civiles forman parte de la larga lista de asesinatos cometidos en medio de la violencia en el país.
En la memoria de los mexicanos están los civiles muertos como, por ejemplo, “por estar en el lugar equivocado”, por protestar como la activista Marisela Escobedo en Ciudad Juárez, los más de 70 cuerpos exhumados de las narcofosas en Nuevo León en 2010; los 72 emigrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas en 2010, y en 2011, 193 cuerpos exhumados también en San Fernando; las 251 personas desenterradas de diversas narcofosas de Durango; los 11 empresarios asesinados en 2010 y 8 en lo que va de 2011, las matanzas de adolescentes mientras se encuentran en fiestas como en Ciudad Juárez, los 60 periodistas asesinados en el actual sexenio. Y así, la lista de víctimas civiles no tiene fin.
No hay estadísticas oficiales de cuántos civiles han sido asesinados en el actual sexenio. Ante la falta de investigación federal, la especulación del gobierno del Presidente Felipe Calderón se ha convertido en oficial: “90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada. Sólo un 10 por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, emitiría la Secretaría de Gobernación en abril de 2010 en tiempos de Fernando Gómez Mont. Ése ha sido el discurso oficial.
Si desde diciembre de 2006 hasta los primeros cinco meses de 2011 ZETA ha documentado 50 mil 490 ejecuciones a lo largo y ancho del país, el diez por ciento de bajas de las instituciones y blancos civiles serían 5 mil 490. En todo caso lo que invita a la especulación es la ausencia de investigación por parte del gobierno federal para determinar con exactitud las estadísticas:
Algunas cifras de instituciones no oficiales dan un panorama peor:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó 214 casos de secuestros masivos de emigrantes, dando un total de 11 mil 333 víctimas nada más en el lapso comprendido entre abril y septiembre de 2010.
Otras estadísticas de la CNDH son reveladoras: 5 mil 397 personas reportadas como extraviadas nada más en el sexenio del Presidente Felipe Calderón y 8 mil 898 cadáveres no identificados han sido algunos de los “resultados” de su “guerra” contra el crimen organizado.
Los muertos en la historia
Para tener una idea de la magnitud de la cantidad de muertos durante la guerra del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, es necesario tener presente otros acontecimientos históricos alrededor del mundo que han arrojado pérdida de vidas al por mayor.
De hecho, en el interior del Ejército Mexicano algunos militares ven en perspectiva histórica las muertes del sexenio federal. Por ejemplo, el General de División Luis Garfias Magaña dice a Don Julio Scherer en su reciente libro titulado “Historias de Muerte y Corrupción” editado por Grijalbo:
“En España, todas las muertes provocadas por grupos terroristas en los últimos cincuenta años, sumadas, son menos de las que ha habido en México durante los cuatro años pasados. Increíble. Si contamos todos los muertos de la ETA en España, el ERI en Irlanda, el Beader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas que mataron a Aldo Moro, Sendero Luminoso, los tupamaros, los montoneros, suman menos que los treinta mil en México”, reconocería el General Garfias en 2010 para el libro de Don Julio Scherer publicado en febrero de 2011.
También el 3 de agosto de 2010 durante el “Diálogo por la Seguridad”, Guillermo Valdés, Director del Cisen, explicó que las ejecuciones ocurridas durante los primeros tres años y medio de gobierno del Presidente Felipe Calderón representaban una tercera parte de los muertos ocurridos en 12 años de la guerra civil de El Salvador y que la suma superaba al número de desaparecidos durante las dictaduras argentinas de la década de los 70.
Definitivamente, el de Calderón ya no es el sexenio de los 40 mil muertos. A partir de julio de 2011, puede nombrársele ya como “el sexenio de los 50 mil muertos”. Hasta el momento y a falta de año y medio para que concluya su mandato.
lunes, 11 de julio de 2011
viernes, 1 de abril de 2011
martes, 29 de marzo de 2011
Del “Acuerdo”… A la subordinación
Por Francisco Ramírez R. / MUNDO LEGISLATIVO
El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado innecesariamente por 715 medios de comunicación en México el pasado miércoles 24 de marzo, contiene una serie de puntos que deberían haber sido referencia obligada para los firmantes por una sola razón: porque se dedican al periodismo, en la mayoría de los casos.
Sin embargo, esos entusiastas firmantes se convirtieron en las comparsas de los dueños de los monopolios de la televisión en México –Televisa y TvAzteca- y del gobierno en turno, porque ambos han buscado una legitimación social que aún están lejos de alcanzar; impulsaron tal Acuerdo, en el marco de “Iniciativa México” encabezada por los beneficiarios del calderonismo.
Sólo un día después de firmado el Acuerdo, un conductor de Televisa fue asesinado junto a dos acompañantes en Monterrey. Mientras Milenio Televisión desplegó en su noticiero nocturno imágenes del cuerpo sin vida; de la barda con el mensaje de advertencia de los sicarios y una nota pormenorizada de los hechos, Televisa apenas tuvo mención o reclamo para las autoridades en su noticiero más importante de la noche.
A los medios impresos que firmaron, se les olvidó muy pronto que a mediados del 2009, luego de que Acción Nacional perdiera la mayoría en el Congreso en las elecciones intermedias, el gobierno ordenó la cancelación total de la publicidad a los medios impresos, y en especial a las revistas. Se hicieron de “la vista gorda” aún sabiendo que Felipe Calderón ha censurado a los medios escritos –que le son incómodos- vía la publicidad.
Si bien es cierto que se requería de un consenso para el manejo de la información sobre los actos de barbarie que comete la delincuencia organizada, y sobre sus mensajes abiertos o soterrados, no menos cierto es que con criterios básicos y ciertas nociones de periodismo, las notas y la cobertura no tendrían mayor problema.
Como ya se vio, aún con el Acuerdo, dos de sus principales promotores fallaron al día siguiente en los dos puntos principales del documento, y que hubiesen podido redefinir la cobertura de la violencia en la televisión: Uno, es el acuerdo para no convertirse en cómplices –publicitando sus mensajes-; y el otro, es el empeño para proteger a los periodistas.
Lo peor es la presencia en el acto del doctor José Narro Robles, con la representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin mediar ninguna crítica; precisamente en momentos en que los monopolios de la Televisión y la Telefonía, mantienen una guerra abierta por cuidar sus muy particulares intereses, y no los de la sociedad.
Quedará para vergüenza de todos aquellos participantes, la firma de un “Acuerdo” que avaló meramente una iniciática monopólica, que no irá más allá del papel. Que se guío con un criterio mediático, sólo una semana después de que Felipe Calderón, manifestó cómo pensaba él que deberían publicar las noticias los medios de comunicación: buenas y sin críticas.
El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado innecesariamente por 715 medios de comunicación en México el pasado miércoles 24 de marzo, contiene una serie de puntos que deberían haber sido referencia obligada para los firmantes por una sola razón: porque se dedican al periodismo, en la mayoría de los casos.
Sin embargo, esos entusiastas firmantes se convirtieron en las comparsas de los dueños de los monopolios de la televisión en México –Televisa y TvAzteca- y del gobierno en turno, porque ambos han buscado una legitimación social que aún están lejos de alcanzar; impulsaron tal Acuerdo, en el marco de “Iniciativa México” encabezada por los beneficiarios del calderonismo.
Sólo un día después de firmado el Acuerdo, un conductor de Televisa fue asesinado junto a dos acompañantes en Monterrey. Mientras Milenio Televisión desplegó en su noticiero nocturno imágenes del cuerpo sin vida; de la barda con el mensaje de advertencia de los sicarios y una nota pormenorizada de los hechos, Televisa apenas tuvo mención o reclamo para las autoridades en su noticiero más importante de la noche.
A los medios impresos que firmaron, se les olvidó muy pronto que a mediados del 2009, luego de que Acción Nacional perdiera la mayoría en el Congreso en las elecciones intermedias, el gobierno ordenó la cancelación total de la publicidad a los medios impresos, y en especial a las revistas. Se hicieron de “la vista gorda” aún sabiendo que Felipe Calderón ha censurado a los medios escritos –que le son incómodos- vía la publicidad.
Si bien es cierto que se requería de un consenso para el manejo de la información sobre los actos de barbarie que comete la delincuencia organizada, y sobre sus mensajes abiertos o soterrados, no menos cierto es que con criterios básicos y ciertas nociones de periodismo, las notas y la cobertura no tendrían mayor problema.
Como ya se vio, aún con el Acuerdo, dos de sus principales promotores fallaron al día siguiente en los dos puntos principales del documento, y que hubiesen podido redefinir la cobertura de la violencia en la televisión: Uno, es el acuerdo para no convertirse en cómplices –publicitando sus mensajes-; y el otro, es el empeño para proteger a los periodistas.
Lo peor es la presencia en el acto del doctor José Narro Robles, con la representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin mediar ninguna crítica; precisamente en momentos en que los monopolios de la Televisión y la Telefonía, mantienen una guerra abierta por cuidar sus muy particulares intereses, y no los de la sociedad.
Quedará para vergüenza de todos aquellos participantes, la firma de un “Acuerdo” que avaló meramente una iniciática monopólica, que no irá más allá del papel. Que se guío con un criterio mediático, sólo una semana después de que Felipe Calderón, manifestó cómo pensaba él que deberían publicar las noticias los medios de comunicación: buenas y sin críticas.
jueves, 3 de febrero de 2011
Crónica. Desencuentro en el PRI...rumbo al 2012
Por Francisco Ramírez R/ MUNDO LEGISLATIVO
El primer desencuentro abierto y mediático entre dos fuerzas del PRI, se dio apenas iniciado el período ordinario en el Congreso –el pasado 1 de febrero- cuando los líderes de las fracciones en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas, en la Cámara de Diputados, se enfrentaron ya abiertamente motivados por la propuesta de disminución del IVA al 12 por ciento que hizo Beltrones.
La división no es nueva. Ni los grupos en el Congreso y el Partido tampoco.
El senador Manlio Fabio Beltrones, con fuertes aspiraciones a la Presidencia del país, cimentó su proyección a lo largo de la LXI Legislatura, en la que quedó a cargo del grupo Parlamentario del PRI y se convirtió en un mediador con Felipe Calderón, lo que le permitió adquirir fuerza. Ambos se “utilizaron” en momentos coyunturales políticamente álgidos.
A finales de enero pasado, el senador Beltrones declaró que sí aspira a contender por la candidatura a la Presidencia de la República en 2012. El legislador contestó a la pregunta de si buscaría ser el abanderado de su partido, el PRI: “Sí, si es la circunstancia que me acomoda”. Sobre por qué le interesaría ser candidato a la presidencia, dijo que México necesita poner orden ya y definir un mejor rumbo. Dijo sentirse insatisfecho, como muchos de los mexicanos, de que en el sistema político “las cosas se estén acomodando solas y lentamente”.
Esa declaración, fue acompañada por su aliento a la iniciativa para disminuir el IVA del 16 al 12 por ciento. Su postura para enfrentarse abiertamente al gobernador Enrique Peña Nieto, y su popular propuesta, motivó la reacción en la Cámara de Diputados, encabezada por Francisco Rojas Gutiérrez.
Pero esta no fue la razón completa para el enfrentamiento entre dos poderosos grupos.
El antecedente se remonta a finales de 2009, cuando Beatriz Paredes, lideresa del PRI, suscribió un pacto secreto con Acción Nacional, firmado por César Nava y avalado por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en cuyos términos se establecía primordialmente que el PAN no buscaría alianzas con el PRD para las elecciones que se avecinaban, sobre todo 2011 (MUNDO LEGISLATIVO 15-03-2009 p1)
No hay documentos que acrediten que fue el gobierno panista el que inclinó la balanza en los tribunales a favor de Jesús Ortega, para que éste se quedara con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero es una certeza cada vez más generalizada entre legisladores ajenos a ese Partido y analistas, que Ortega “le pagó” el favor al presidente Calderón y avaló las alianzas con el PAN, para apoyar candidatos que les hicieran ganar las gubernaturas, como ocurrió ya en Sinaloa, Oaxaca, Puebla y Guerrero.
Visionaría o entreguista, Beatriz Paredes fue traicionada, pese a que ella encabezó a finales de 2009, el cabildeo entre los diputados del PRI para que le aprobaran a Felipe Calderón, el paquete impositivo más brutal en la historia del país, a decir de analistas y especialistas en la materia.
Ya aprobada la reforma fiscal, Beatriz Paredes Rangel se burlaba de los ciudadanos, pues argumentaba que el PRI nos había salvado de pagar impuestos, al exponer que aceptaron el aumento del 15 al 16 por ciento del IVA; el ISR del 28 al 30 por ciento; un 3 por ciento a telecomunicaciones y depósitos en efectivo, entre otros más que han sangrado y empobrecido a millones de mexicanos.
Eufórica, gritaba que “salvamos a México”, gracias al PRI por no haber aprobado el IVA a alimentos y medicinas; “gracias al PRI evitamos el 2 por ciento generalizado, el ISR no afectará a quienes ganen menos de seis salarios mínimos, gracias al PRI se exentó del 3 por ciento a Internet”. (MUNDO LEGISLATIVO, 15-11-10 p1)
No pasaría mucho tiempo para que la actitud entreguista de Paredes Rangel, ante el gobierno conservador panista, se estrellara de frente a ella misma, cuando César Nava dio a conocer –el 4 de marzo de 2010- que ella había pactado a cambio de que sus diputados votaran un aumento a impuestos, gas gasolinas y diesel en medio de la mayor crisis económica mundial que se avecinaba.
Antes, todos los involucrados habían negado la existencia del pacto que ya no era ni tan secreto.
En él, se comprometían a aprobar en sus términos, en el Senado de la República, la Ley de Ingresos previamente aprobada por los diputados. César Nava, señaló que reveló el documento –el cual exhibió en tribuna ante la furia de Paredes Rangel y diputados priístas- porque se había incumplido el acuerdo, ya que solamente ocho de los 33 integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta estaban en el pleno a la hora de la votación y todos se abstuvieron.
Por eso, según dijo Nava, el acuerdo quedaba sin efecto.
Ahora, parecería que Paredes Rangel, le está cobrando la afrenta a Beltrones, y maniobra al interior de la Cámara de Diputados.
En ese entonces, el senador Manlio Fabio Beltrones y otros legisladores, se habían opuesto abiertamente y comenzó una campaña para advertirle al gobierno que tendría qué escoger entre el IETU o el IVA, pero que no se le permitiría grabar a la sociedad con los dos impuestos. No les alcanzó la voluntad y Calderón se salió con la suya con la complicidad de Paredes Rangel.
Ahora que Beltrones presentó su iniciativa, los diputados en voz de Francisco Rojas –aún no queda claro si todos están a favor de lo que declaró-, rechaza la modificación que encabeza Manlio Fabio Beltrones, de bajar el IVA al 12 por ciento -sin gravar medicinas o alimentos-, ya que representaría. en todo caso, un empuje vertiginoso a sus pretensiones ya declaradas de buscar la candidatura del PRI –puede ser también cualquier otro, eh- a la presidencia de la República.
Las pretensiones del senador Beltrones y su iniciativa, significan para el grupo de Enrique Peña Nieto, en la Cámara de Diputados, un paso que no pueden permitirle en plena efervescencia electoral rumbo al 2012.
De otro modo, no se entendería el rechazo “in-situ” y automático del líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Es una iniciativa que le atraería por donde se vea, al electorado en todo el país.
Por su parte, y en defensa de su propuesta, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones Rivera, aseguró el pasado 1 de febrero que el ofrecimiento para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tendrá que ser analizada y consensada entre otras que se presenten por los grupos parlamentarios.
En clara referencia al rechazo de Francisco Rojas, señaló que “si alguien no le gusta la propuesta que nosotros estamos trabajando, que se ponga a trabajar en otra y la ponga en la mesa. Discutamos la propuestas de ellos y las nuestras, pero no nada más sobre la de uno; iniciaremos la conversación con aquellos que están interesados en trabajar alrededor de una propuesta inteligente”.
“Que nadie se atreva a gravar los alimentos de las clases populares, tampoco las medicinas; ése no es el eje, no se confundan, el eje de la propuesta es que lo que se tiene hoy no funciona y hay que buscar como motivar el mercado interno bajando impuestos, acabando privilegios y buscando formulas de mejorar el gasto en el país,” afirmó el senador Beltrones al defender su iniciativa, a la cual por cierto, se había comprometido desde que Beatriz Paredes pactó como lideresa del PRI, con el gobierno de Calderón, el alza impositiva más brutal en la historia del país.
Beltrones Rivera subrayó que la propuesta de los priistas en el Senado es una reforma integral, ya que todo sube, menos los salarios; por ello, es necesario tener una política que estimule la economía y que ayudará a recaudar más.
En conferencia de prensa, señaló visiblemente molesto que su propuesta no contempla el aumento a los precios de los alimentos de las clases populares, ni a medicinas; sin embargo, es necesario que haya más recaudación con menos impuestos, así como una redirección del gasto, ya que no se ha dado un crecimiento económico durante los últimos años.
Resaltó que la propuesta que se trabaja en el Senado de la República es responsable y está basada en la recaudación, porque “el sistema recaudatorio que hoy tenemos como recaudación y sistema recaudatorio, no funciona; no es lo que queremos, y no es lo conveniente”. México es uno de los países que menos recauda en Producto Interno Bruto (PIB).
El legislador aseguró que se requiere impulsar el mercado interno y acciones para mejorar el gasto, ya que manifestaciones como la del día de ayer son una muestra del rechazo a las políticas públicas que no ayudan a salir de la pobreza a la población.
Más allá de la retórica, al final los priístas llegarán a un acuerdo y se alinearán con el que tenga mayores posibilidades de regresarlos al poder y al dinero del país. Está en su historia.
mundolegislativo@hotmail.com
http://www.enlacelegislativo.com
El primer desencuentro abierto y mediático entre dos fuerzas del PRI, se dio apenas iniciado el período ordinario en el Congreso –el pasado 1 de febrero- cuando los líderes de las fracciones en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas, en la Cámara de Diputados, se enfrentaron ya abiertamente motivados por la propuesta de disminución del IVA al 12 por ciento que hizo Beltrones.
La división no es nueva. Ni los grupos en el Congreso y el Partido tampoco.
El senador Manlio Fabio Beltrones, con fuertes aspiraciones a la Presidencia del país, cimentó su proyección a lo largo de la LXI Legislatura, en la que quedó a cargo del grupo Parlamentario del PRI y se convirtió en un mediador con Felipe Calderón, lo que le permitió adquirir fuerza. Ambos se “utilizaron” en momentos coyunturales políticamente álgidos.
A finales de enero pasado, el senador Beltrones declaró que sí aspira a contender por la candidatura a la Presidencia de la República en 2012. El legislador contestó a la pregunta de si buscaría ser el abanderado de su partido, el PRI: “Sí, si es la circunstancia que me acomoda”. Sobre por qué le interesaría ser candidato a la presidencia, dijo que México necesita poner orden ya y definir un mejor rumbo. Dijo sentirse insatisfecho, como muchos de los mexicanos, de que en el sistema político “las cosas se estén acomodando solas y lentamente”.
Esa declaración, fue acompañada por su aliento a la iniciativa para disminuir el IVA del 16 al 12 por ciento. Su postura para enfrentarse abiertamente al gobernador Enrique Peña Nieto, y su popular propuesta, motivó la reacción en la Cámara de Diputados, encabezada por Francisco Rojas Gutiérrez.
Pero esta no fue la razón completa para el enfrentamiento entre dos poderosos grupos.
El antecedente se remonta a finales de 2009, cuando Beatriz Paredes, lideresa del PRI, suscribió un pacto secreto con Acción Nacional, firmado por César Nava y avalado por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en cuyos términos se establecía primordialmente que el PAN no buscaría alianzas con el PRD para las elecciones que se avecinaban, sobre todo 2011 (MUNDO LEGISLATIVO 15-03-2009 p1)
No hay documentos que acrediten que fue el gobierno panista el que inclinó la balanza en los tribunales a favor de Jesús Ortega, para que éste se quedara con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero es una certeza cada vez más generalizada entre legisladores ajenos a ese Partido y analistas, que Ortega “le pagó” el favor al presidente Calderón y avaló las alianzas con el PAN, para apoyar candidatos que les hicieran ganar las gubernaturas, como ocurrió ya en Sinaloa, Oaxaca, Puebla y Guerrero.
Visionaría o entreguista, Beatriz Paredes fue traicionada, pese a que ella encabezó a finales de 2009, el cabildeo entre los diputados del PRI para que le aprobaran a Felipe Calderón, el paquete impositivo más brutal en la historia del país, a decir de analistas y especialistas en la materia.
Ya aprobada la reforma fiscal, Beatriz Paredes Rangel se burlaba de los ciudadanos, pues argumentaba que el PRI nos había salvado de pagar impuestos, al exponer que aceptaron el aumento del 15 al 16 por ciento del IVA; el ISR del 28 al 30 por ciento; un 3 por ciento a telecomunicaciones y depósitos en efectivo, entre otros más que han sangrado y empobrecido a millones de mexicanos.
Eufórica, gritaba que “salvamos a México”, gracias al PRI por no haber aprobado el IVA a alimentos y medicinas; “gracias al PRI evitamos el 2 por ciento generalizado, el ISR no afectará a quienes ganen menos de seis salarios mínimos, gracias al PRI se exentó del 3 por ciento a Internet”. (MUNDO LEGISLATIVO, 15-11-10 p1)
No pasaría mucho tiempo para que la actitud entreguista de Paredes Rangel, ante el gobierno conservador panista, se estrellara de frente a ella misma, cuando César Nava dio a conocer –el 4 de marzo de 2010- que ella había pactado a cambio de que sus diputados votaran un aumento a impuestos, gas gasolinas y diesel en medio de la mayor crisis económica mundial que se avecinaba.
Antes, todos los involucrados habían negado la existencia del pacto que ya no era ni tan secreto.
En él, se comprometían a aprobar en sus términos, en el Senado de la República, la Ley de Ingresos previamente aprobada por los diputados. César Nava, señaló que reveló el documento –el cual exhibió en tribuna ante la furia de Paredes Rangel y diputados priístas- porque se había incumplido el acuerdo, ya que solamente ocho de los 33 integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta estaban en el pleno a la hora de la votación y todos se abstuvieron.
Por eso, según dijo Nava, el acuerdo quedaba sin efecto.
Ahora, parecería que Paredes Rangel, le está cobrando la afrenta a Beltrones, y maniobra al interior de la Cámara de Diputados.
En ese entonces, el senador Manlio Fabio Beltrones y otros legisladores, se habían opuesto abiertamente y comenzó una campaña para advertirle al gobierno que tendría qué escoger entre el IETU o el IVA, pero que no se le permitiría grabar a la sociedad con los dos impuestos. No les alcanzó la voluntad y Calderón se salió con la suya con la complicidad de Paredes Rangel.
Ahora que Beltrones presentó su iniciativa, los diputados en voz de Francisco Rojas –aún no queda claro si todos están a favor de lo que declaró-, rechaza la modificación que encabeza Manlio Fabio Beltrones, de bajar el IVA al 12 por ciento -sin gravar medicinas o alimentos-, ya que representaría. en todo caso, un empuje vertiginoso a sus pretensiones ya declaradas de buscar la candidatura del PRI –puede ser también cualquier otro, eh- a la presidencia de la República.
Las pretensiones del senador Beltrones y su iniciativa, significan para el grupo de Enrique Peña Nieto, en la Cámara de Diputados, un paso que no pueden permitirle en plena efervescencia electoral rumbo al 2012.
De otro modo, no se entendería el rechazo “in-situ” y automático del líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Es una iniciativa que le atraería por donde se vea, al electorado en todo el país.
Por su parte, y en defensa de su propuesta, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones Rivera, aseguró el pasado 1 de febrero que el ofrecimiento para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tendrá que ser analizada y consensada entre otras que se presenten por los grupos parlamentarios.
En clara referencia al rechazo de Francisco Rojas, señaló que “si alguien no le gusta la propuesta que nosotros estamos trabajando, que se ponga a trabajar en otra y la ponga en la mesa. Discutamos la propuestas de ellos y las nuestras, pero no nada más sobre la de uno; iniciaremos la conversación con aquellos que están interesados en trabajar alrededor de una propuesta inteligente”.
“Que nadie se atreva a gravar los alimentos de las clases populares, tampoco las medicinas; ése no es el eje, no se confundan, el eje de la propuesta es que lo que se tiene hoy no funciona y hay que buscar como motivar el mercado interno bajando impuestos, acabando privilegios y buscando formulas de mejorar el gasto en el país,” afirmó el senador Beltrones al defender su iniciativa, a la cual por cierto, se había comprometido desde que Beatriz Paredes pactó como lideresa del PRI, con el gobierno de Calderón, el alza impositiva más brutal en la historia del país.
Beltrones Rivera subrayó que la propuesta de los priistas en el Senado es una reforma integral, ya que todo sube, menos los salarios; por ello, es necesario tener una política que estimule la economía y que ayudará a recaudar más.
En conferencia de prensa, señaló visiblemente molesto que su propuesta no contempla el aumento a los precios de los alimentos de las clases populares, ni a medicinas; sin embargo, es necesario que haya más recaudación con menos impuestos, así como una redirección del gasto, ya que no se ha dado un crecimiento económico durante los últimos años.
Resaltó que la propuesta que se trabaja en el Senado de la República es responsable y está basada en la recaudación, porque “el sistema recaudatorio que hoy tenemos como recaudación y sistema recaudatorio, no funciona; no es lo que queremos, y no es lo conveniente”. México es uno de los países que menos recauda en Producto Interno Bruto (PIB).
El legislador aseguró que se requiere impulsar el mercado interno y acciones para mejorar el gasto, ya que manifestaciones como la del día de ayer son una muestra del rechazo a las políticas públicas que no ayudan a salir de la pobreza a la población.
Más allá de la retórica, al final los priístas llegarán a un acuerdo y se alinearán con el que tenga mayores posibilidades de regresarlos al poder y al dinero del país. Está en su historia.
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martes, 1 de febrero de 2011
El Congreso amplía las garantías, mediante el juicio de amparo
La Cámara de Senadores aprobó el 13 de diciembre pasado por 90 votos una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante del orden jurídico mexicano: el juicio de amparo.
Con el dictamen a la minuta de la colegisladora se abre la posibilidad de resolver en amparo, además de controversias suscitadas por normas generales, las omisiones en que incurra la autoridad.
Y se precisa que la protección de derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social.
En materia de ejecución de las sentencias, se elimina el requisito de declaración de procedencia para que la Suprema Corte pueda separar a la autoridad y consignarla ante el juez de distrito en caso de incumplimiento no justificado de sentencias de amparo o repetición de actos reclamados.
Se amplía el objeto del juicio de amparo integrando a su ámbito de protección a los derechos fundamentales contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.
Asimismo, se armoniza el juicio de amparo con las transformaciones de varias instituciones jurídicas siguiendo la serie de reformas que históricamente ha sufrido hasta llegar a su estado actual.
Los senadores estimaron que la independencia y autonomía de los tribunales estatales es un requisito fundamental de cualquier reforma que pretenda mejorar la administración de justicia, a fin armonizar las competencias federal con las locales y así lograr su complementariedad.
En las reformas avaladas se establece la figura del amparo adhesivo, que impone al quejoso o a quien la promueva, la carga de invocar todas aquellas violaciones procesales que estime puedan violar sus derechos cometidos en el procedimiento de origen.
Con ello se pretende que en un sólo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la totalidad del proceso y no a través de diversos amparos como ahora sucede.
También se introduce la figura del interés legítimo para que se constituya como quejoso en el amparo, aquella persona que resulte afectada por un acto que violente un derecho reconocido por el orden jurídico o, no violentando directamente el derecho, se afecte la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.
Los Plenos de Circuito
Igualmente, se otorga a la Corte la facultad de emitir una declaración general en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión en los que se establezca jurisprudencia por reiteración y se determine la inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto a la Constitución.
En lo que se refiere a las contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, se crea un nuevo órgano para su resolución: los Plenos de Circuito.
Esta modificación está encaminada a homogeneizar los criterios hacia adentro de un Circuito previniendo así que tribunales diversos pertenecientes a la misma jurisdicción emitan criterios contradictorios.
En estos casos, la Corte mantendrá la competencia para conocer de las controversias entre plenos de distintos circuitos, en materia especializada de un mismo Circuito, o entre tribunales de un mismo Circuito con distinta especialización.
Esto asegura que sea la Suprema Corte el órgano terminal para establecer las interpretaciones, evitando así una potencial dualidad y oposición entre la interpretación constitucional y la legal.
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público.
En al debate, el senador priista Pedro Joaquín Coldwell destacó que “no se trata de una reforma aprobada al vapor”, pues en el trabajo legislativo hubo aportaciones de legisladores de todos los grupos parlamentarios y se escuchó a ministros de la Corte y a organizaciones de abogados.
“No es ciertamente una reforma constitucional perfecta, porque no existe el derecho ideal, pero hemos dado un paso en la dirección correcta, ya que la reforma en materia de amparo es la más garantista de todas las hemos venido aprobando”.
No se trata de una reforma aprobada al vapor. Hubo largas discusiones, hubo grandes aportaciones de legisladores de todas las fuerzas políticas; escuchamos a Ministros de la Corte; escuchamos a organizaciones de abogados; y creo que lo que surgió de todo este trabajo legislativo, no es ciertamente una reforma constitucional perfecta, porque no existe el derecho ideal. Pero sí me parece que hemos dado un paso muy avanzado en la dirección correcta.
Nosotros como integrantes del poder constituyente permanente, hemos aprobado a lo largo de nuestra gestión entre cerca de 23 reformas legislativas. “ Yo puedo asegurar que la reforma en materia de amparo es la más garantista de todas las que hemos venido aprobando, junto con su prima hermana de derechos humanos son las reformas que más amplían los derechos de los mexicanos”.
Explicó que la reforma constitucional era necesaria, primero, porque ampliamos el ámbito de protección del juicio de amparo a los derechos humanos contenido no sólo en el texto constitucional, sino también en los tratados internacionales. Es decir, los derechos humanos de segunda y tercera generación serán también ahora protegidos por nuestro juicio de garantías.
Nuevo “interés jurídico”
Cambia el interés jurídico que se exigía para presentar el amparo por el interés legítimo. Esto amplía considerablemente la esfera jurídica de protección de los derechos de las personas.
Pero hay otro paso trascendental en esta reforma, superamos el efecto “otero” en el sentido de que las resoluciones, las declaraciones de inconstitucionalidad sólo valen para las partes que promovieron el amparo.
Ahora, cuando exista jurisprudencia reiterada y transcurridos 90 días y la autoridad emisora de la norma no la ha rectificado, la Corte podrá hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y eso abre el acceso a la justicia a muchos más mexicanos.
Además, señaló, existen otras aportaciones como los plenos de circuito que permitirán procesar a los presidentes de los tribunales colegiados de circuito las contradicciones de tesis y eso va a descargar mucho el trabajo de la Corte y la va a enfocar más hacia un tribunal constitucional. Sin lugar a dudas es un paso muy importante.
La reforma constitucional es necesaria para que tengamos bases suficientes y acometer en el siguiente Periodo Ordinario, sin demora, la ley que la reglamente.
Los diputados prácticamente han ratificado toda nuestra reforma, únicamente han rechazado el artículo 100, ellos consideran que el artículo 100 viola la autonomía del Consejo de la Judicatura frente a la Suprema Corte de Justicia.
Codwell, destacó que” habríamos querido darle un sentido garantista al artículo 100 para que los terceros afectados por las decisiones del Consejo de la Judicatura pudieran impugnarla. Pero no es motivo suficiente para detener por más tiempo una reforma que va a ampliar considerablemente los derechos de todos nuestros compatriotas”.
Por Acción Nacional el senador Santiago Creel Miranda consideró que lo más importante de esta reforma “es que amplía los derechos de los ciudadanos como pocas reformas lo han hecho en las últimas décadas”.
Extiende --añadió-- el derecho de amparo para cubrir violaciones a los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito “y que por lo tanto son ley de la nación”.
A su vez, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez manifestó que con los cambios se amplían las posibilidades de acceso a los recursos de protección de derechos constitucionales y a la exigencia de que se cumpla con la garantía de legalidad en los actos de la autoridad.
Dijo que la aprobación es un paso importante que abre el ejercicio de derechos constitucionales y beneficia a todos aquellos que requieren con prontitud la protección de la justicia federal.
El amparo, funcionaba sólo para los ricos
El legislador recordó que “todo estaba hecho, construido, para que en materias políticas o donde había interés político, no funcionara el amparo. Y la verdad que el amparo ha funcionado muy bien, para quienes tienen acceso a buenos abogados y tienen dinero. Ahí sí, siempre; para otros, no siempre.
Yo pienso que estamos tratando de ampliar las posibilidades del acceso a los recursos de protección de derechos constitucionales. A la exigencia de que se cumpla con la llamada garantía de legalidad en los actos de la autoridad. Y a que muchas otras personas puedan recurrir al Poder Judicial de la Federación, en procura de la protección de la justicia federal.
Y pienso, también, que esto va a tener repercusiones. No por cierto de carácter electoral, porque ya sabemos que en materia electoral no hay amparo; hay otra cosa, parecida al amparo, que funciona con rapidez y a veces con demasiada rapidez y a veces con demasiada prisa, de parte de los juzgadores; porque muchas veces cambian de criterio de una sesión a otra.
Pero de todas maneras, ahí tenemos eso, que es, lo que todo ciudadano en procura de la defensa de sus derechos políticos, puede utilizar.
Aquí estamos hablando de todo lo demás. Y todo lo demás, pues es mucho más que hacer valer los derechos políticos.
Por eso la ampliación, la ampliación del amparo, que hemos nosotros resuelto, que hemos votado, ya hace semanas, no sé, meses. Es algo que también está en equivalencia con la posibilidad de acceso, a la protección de derechos políticos, por parte del tribunal.
Porque el juicio de protección, que se le llama así, es muy amplio. Quizá los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal, lo han ampliado más, que lo que la Constitución originalmente quiso otorgar a esa figura.
De cualquier manera, ahí el problema que tenemos es ése. Qué límites son los que tenemos que ponerle al juicio de protección de derechos políticos, porque va llegar un día en que el tribunal ponga Presidente de la República… Allá tenemos el problema contrario, por la amplitud. Acá, los problemas de la limitación para recurrir al amparo. Tenemos que llegar a un punto, éste es un paso muy importante hacía allá. Ampliando lo que es el amparo. Y luego veremos, y yo diría que en febrero, porque si no ya después va a estar más difícil, establecer los límites que se consideren convenientes, al juicio de protección de derechos, políticos electorales de los ciudadanos.
Por lo pronto demos este paso, que es un paso muy importante; es un paso muy en la dirección también de lo que acabamos de aprobar de las acciones colectivas; es un paso de ensanchamiento para el ejercicio de derechos constitucionales; es un paso para beneficiar a todos aquellos que requieren con prontitud y eficacia la protección de la justicia federal”.
Su compañero de bancada, Tomás Torres Mercado, aseguró en tribuna que el juicio de amparo es la institución jurídica por excelencia para proteger los derechos fundamentales de los gobernados y controlar los actos de autoridad.
Consideró que aún hay que abordar otros aspectos como la adecuación de las reglas del amparo “que finalmente van a controlar todos los actos de todas las autoridades en un modelo de justicia penal…Yo llamo la atención sobre algunos aspectos que tendremos que abordar, está en proceso de transición el modelo de justicia penal a partir de reformas constitucionales que el Congreso ha dado, sin embargo no hemos avanzado en la adecuación, en lo que tiene que ver con las reglas del amparo, que finalmente van a controlar todos los actos de todas las autoridades en un modelo de justicia penal, es de suyo celebrarle esta reforma, porque inclusive con independencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el artículo 103 que fija las hipótesis de procedencia del amparo, está ya reformado, porque eleva a los derechos humanos a una tutela constitucional a través de los mecanismos contenidos en el juicio de amparo”, expresó.
Por el Partido del Trabajo, su coordinador Ricardo Monreal Ávila manifestó que la aprobación del dictamen permite actualizar y hacer más ágil la figura del amparo, pero las modificaciones constitucionales presentadas, “desde mi punto de vista, debieron quedar plasmadas en la ley reglamentaria”.
“Creo que el dictamen regula en un grado de exageración la puntualización de esta institución. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad debieran atenderse y plasmarse en la ley reglamentaria”, consideró.
El dictamen que contiene reformas a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Carta Magna, fue remitido a los congresos de los estados, para sus efectos constitucionales.
Con el dictamen a la minuta de la colegisladora se abre la posibilidad de resolver en amparo, además de controversias suscitadas por normas generales, las omisiones en que incurra la autoridad.
Y se precisa que la protección de derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social.
En materia de ejecución de las sentencias, se elimina el requisito de declaración de procedencia para que la Suprema Corte pueda separar a la autoridad y consignarla ante el juez de distrito en caso de incumplimiento no justificado de sentencias de amparo o repetición de actos reclamados.
Se amplía el objeto del juicio de amparo integrando a su ámbito de protección a los derechos fundamentales contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.
Asimismo, se armoniza el juicio de amparo con las transformaciones de varias instituciones jurídicas siguiendo la serie de reformas que históricamente ha sufrido hasta llegar a su estado actual.
Los senadores estimaron que la independencia y autonomía de los tribunales estatales es un requisito fundamental de cualquier reforma que pretenda mejorar la administración de justicia, a fin armonizar las competencias federal con las locales y así lograr su complementariedad.
En las reformas avaladas se establece la figura del amparo adhesivo, que impone al quejoso o a quien la promueva, la carga de invocar todas aquellas violaciones procesales que estime puedan violar sus derechos cometidos en el procedimiento de origen.
Con ello se pretende que en un sólo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la totalidad del proceso y no a través de diversos amparos como ahora sucede.
También se introduce la figura del interés legítimo para que se constituya como quejoso en el amparo, aquella persona que resulte afectada por un acto que violente un derecho reconocido por el orden jurídico o, no violentando directamente el derecho, se afecte la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.
Los Plenos de Circuito
Igualmente, se otorga a la Corte la facultad de emitir una declaración general en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión en los que se establezca jurisprudencia por reiteración y se determine la inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto a la Constitución.
En lo que se refiere a las contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, se crea un nuevo órgano para su resolución: los Plenos de Circuito.
Esta modificación está encaminada a homogeneizar los criterios hacia adentro de un Circuito previniendo así que tribunales diversos pertenecientes a la misma jurisdicción emitan criterios contradictorios.
En estos casos, la Corte mantendrá la competencia para conocer de las controversias entre plenos de distintos circuitos, en materia especializada de un mismo Circuito, o entre tribunales de un mismo Circuito con distinta especialización.
Esto asegura que sea la Suprema Corte el órgano terminal para establecer las interpretaciones, evitando así una potencial dualidad y oposición entre la interpretación constitucional y la legal.
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público.
En al debate, el senador priista Pedro Joaquín Coldwell destacó que “no se trata de una reforma aprobada al vapor”, pues en el trabajo legislativo hubo aportaciones de legisladores de todos los grupos parlamentarios y se escuchó a ministros de la Corte y a organizaciones de abogados.
“No es ciertamente una reforma constitucional perfecta, porque no existe el derecho ideal, pero hemos dado un paso en la dirección correcta, ya que la reforma en materia de amparo es la más garantista de todas las hemos venido aprobando”.
No se trata de una reforma aprobada al vapor. Hubo largas discusiones, hubo grandes aportaciones de legisladores de todas las fuerzas políticas; escuchamos a Ministros de la Corte; escuchamos a organizaciones de abogados; y creo que lo que surgió de todo este trabajo legislativo, no es ciertamente una reforma constitucional perfecta, porque no existe el derecho ideal. Pero sí me parece que hemos dado un paso muy avanzado en la dirección correcta.
Nosotros como integrantes del poder constituyente permanente, hemos aprobado a lo largo de nuestra gestión entre cerca de 23 reformas legislativas. “ Yo puedo asegurar que la reforma en materia de amparo es la más garantista de todas las que hemos venido aprobando, junto con su prima hermana de derechos humanos son las reformas que más amplían los derechos de los mexicanos”.
Explicó que la reforma constitucional era necesaria, primero, porque ampliamos el ámbito de protección del juicio de amparo a los derechos humanos contenido no sólo en el texto constitucional, sino también en los tratados internacionales. Es decir, los derechos humanos de segunda y tercera generación serán también ahora protegidos por nuestro juicio de garantías.
Nuevo “interés jurídico”
Cambia el interés jurídico que se exigía para presentar el amparo por el interés legítimo. Esto amplía considerablemente la esfera jurídica de protección de los derechos de las personas.
Pero hay otro paso trascendental en esta reforma, superamos el efecto “otero” en el sentido de que las resoluciones, las declaraciones de inconstitucionalidad sólo valen para las partes que promovieron el amparo.
Ahora, cuando exista jurisprudencia reiterada y transcurridos 90 días y la autoridad emisora de la norma no la ha rectificado, la Corte podrá hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y eso abre el acceso a la justicia a muchos más mexicanos.
Además, señaló, existen otras aportaciones como los plenos de circuito que permitirán procesar a los presidentes de los tribunales colegiados de circuito las contradicciones de tesis y eso va a descargar mucho el trabajo de la Corte y la va a enfocar más hacia un tribunal constitucional. Sin lugar a dudas es un paso muy importante.
La reforma constitucional es necesaria para que tengamos bases suficientes y acometer en el siguiente Periodo Ordinario, sin demora, la ley que la reglamente.
Los diputados prácticamente han ratificado toda nuestra reforma, únicamente han rechazado el artículo 100, ellos consideran que el artículo 100 viola la autonomía del Consejo de la Judicatura frente a la Suprema Corte de Justicia.
Codwell, destacó que” habríamos querido darle un sentido garantista al artículo 100 para que los terceros afectados por las decisiones del Consejo de la Judicatura pudieran impugnarla. Pero no es motivo suficiente para detener por más tiempo una reforma que va a ampliar considerablemente los derechos de todos nuestros compatriotas”.
Por Acción Nacional el senador Santiago Creel Miranda consideró que lo más importante de esta reforma “es que amplía los derechos de los ciudadanos como pocas reformas lo han hecho en las últimas décadas”.
Extiende --añadió-- el derecho de amparo para cubrir violaciones a los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito “y que por lo tanto son ley de la nación”.
A su vez, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez manifestó que con los cambios se amplían las posibilidades de acceso a los recursos de protección de derechos constitucionales y a la exigencia de que se cumpla con la garantía de legalidad en los actos de la autoridad.
Dijo que la aprobación es un paso importante que abre el ejercicio de derechos constitucionales y beneficia a todos aquellos que requieren con prontitud la protección de la justicia federal.
El amparo, funcionaba sólo para los ricos
El legislador recordó que “todo estaba hecho, construido, para que en materias políticas o donde había interés político, no funcionara el amparo. Y la verdad que el amparo ha funcionado muy bien, para quienes tienen acceso a buenos abogados y tienen dinero. Ahí sí, siempre; para otros, no siempre.
Yo pienso que estamos tratando de ampliar las posibilidades del acceso a los recursos de protección de derechos constitucionales. A la exigencia de que se cumpla con la llamada garantía de legalidad en los actos de la autoridad. Y a que muchas otras personas puedan recurrir al Poder Judicial de la Federación, en procura de la protección de la justicia federal.
Y pienso, también, que esto va a tener repercusiones. No por cierto de carácter electoral, porque ya sabemos que en materia electoral no hay amparo; hay otra cosa, parecida al amparo, que funciona con rapidez y a veces con demasiada rapidez y a veces con demasiada prisa, de parte de los juzgadores; porque muchas veces cambian de criterio de una sesión a otra.
Pero de todas maneras, ahí tenemos eso, que es, lo que todo ciudadano en procura de la defensa de sus derechos políticos, puede utilizar.
Aquí estamos hablando de todo lo demás. Y todo lo demás, pues es mucho más que hacer valer los derechos políticos.
Por eso la ampliación, la ampliación del amparo, que hemos nosotros resuelto, que hemos votado, ya hace semanas, no sé, meses. Es algo que también está en equivalencia con la posibilidad de acceso, a la protección de derechos políticos, por parte del tribunal.
Porque el juicio de protección, que se le llama así, es muy amplio. Quizá los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal, lo han ampliado más, que lo que la Constitución originalmente quiso otorgar a esa figura.
De cualquier manera, ahí el problema que tenemos es ése. Qué límites son los que tenemos que ponerle al juicio de protección de derechos políticos, porque va llegar un día en que el tribunal ponga Presidente de la República… Allá tenemos el problema contrario, por la amplitud. Acá, los problemas de la limitación para recurrir al amparo. Tenemos que llegar a un punto, éste es un paso muy importante hacía allá. Ampliando lo que es el amparo. Y luego veremos, y yo diría que en febrero, porque si no ya después va a estar más difícil, establecer los límites que se consideren convenientes, al juicio de protección de derechos, políticos electorales de los ciudadanos.
Por lo pronto demos este paso, que es un paso muy importante; es un paso muy en la dirección también de lo que acabamos de aprobar de las acciones colectivas; es un paso de ensanchamiento para el ejercicio de derechos constitucionales; es un paso para beneficiar a todos aquellos que requieren con prontitud y eficacia la protección de la justicia federal”.
Su compañero de bancada, Tomás Torres Mercado, aseguró en tribuna que el juicio de amparo es la institución jurídica por excelencia para proteger los derechos fundamentales de los gobernados y controlar los actos de autoridad.
Consideró que aún hay que abordar otros aspectos como la adecuación de las reglas del amparo “que finalmente van a controlar todos los actos de todas las autoridades en un modelo de justicia penal…Yo llamo la atención sobre algunos aspectos que tendremos que abordar, está en proceso de transición el modelo de justicia penal a partir de reformas constitucionales que el Congreso ha dado, sin embargo no hemos avanzado en la adecuación, en lo que tiene que ver con las reglas del amparo, que finalmente van a controlar todos los actos de todas las autoridades en un modelo de justicia penal, es de suyo celebrarle esta reforma, porque inclusive con independencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el artículo 103 que fija las hipótesis de procedencia del amparo, está ya reformado, porque eleva a los derechos humanos a una tutela constitucional a través de los mecanismos contenidos en el juicio de amparo”, expresó.
Por el Partido del Trabajo, su coordinador Ricardo Monreal Ávila manifestó que la aprobación del dictamen permite actualizar y hacer más ágil la figura del amparo, pero las modificaciones constitucionales presentadas, “desde mi punto de vista, debieron quedar plasmadas en la ley reglamentaria”.
“Creo que el dictamen regula en un grado de exageración la puntualización de esta institución. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad debieran atenderse y plasmarse en la ley reglamentaria”, consideró.
El dictamen que contiene reformas a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Carta Magna, fue remitido a los congresos de los estados, para sus efectos constitucionales.
martes, 5 de octubre de 2010
Juan Molinar Horcasitas...le fue mejor que a los niños de la ABC
Redacción/ ML
Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, no le gustó que los diputados y senadores guardaran un minuto de silencio en su comparecencia ante Comisiones, que lo hicieran de pie y que se viera obligado a guardarlo en memoria de los bebés que murieron calcinados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y de 80 personas más que quedaron marcadas de por vida.
Se sintió ofendido y cuestionó incluso el fuero que la Constitución le otorga a los legisladores, precisamente para no ser reconvenidos en sus opiniones, cuando algunos diputados lo cuestionaron y lo calificaron por su negligencia al frente del Seguro Siocial, cuando ocurrió el hecho.
Los legisladores hicieron que escuchara los nombres de los 80 bebés calcinados. Detrás de él, colocaron fotografías de esos niños y pusieron cruces en señal de duelo -en la fotografías los observa-.
No hubo lamento de su parte por la muerte espantosa que sufrieron, mucho menos una disculpa o la búsqueda de justicia. Vea lo que dijo Molinar Horcasitas, el pasado 1 de octubre:
"Señores y señoras diputados, muy buenos días tengan ustedes. Tengo que dar testimonio de tres cosas de las que he sido testigo el día de hoy, junto con todos ustedes antes de iniciar. La primera es de la explotación inmoral del dolor humano para la promoción de objetivos políticos y partidarios, la segunda es la soberbia de quienes siguen señalando responsabilidades a quienes desean hacerlo, independientemente de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado y culminado una investigación en la cual resolvió en este caso eximirme de responsabilidad, de manera clara y definitiva. Y la tercera, es que cada vez que escucho en algunas personas la expresión “respetuosamente”, sé que eso es simplemente el preludio de una injuria o una ofensa", señaló en su alocución inicial Molinar Horcasitas
Elo Diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, le reviró:
"Compañeros diputados, señor Horcasitas, el 10 de agosto usted estuvo en la Comisión Permanente. En esa ocasión yo le proferí varios calificativos, le dije que era mentiroso, le dije que era corrupto, le dije que era un asesino, pero no, no es un asesino usted es un sicario, porque el asesino, un sicario es un asesino que cobra un sueldo. Usted cobraba un sueldo cuando se dio la tragedia de A, B, C. pero no me voy meter con esos temas porque dicen que no son del informe. Me voy a meter con otros dos, porque usted todo lo que hace lo hace mal, lo malo le sale bien".
Y luego Horcasitas, de nuevo, y ya con una amenaza abierta al legislador:
Bueno, tal como lo había dicho, los insultos y las ofensas tendrían que salir de los labios del diputado Mario Alberto Di Constanzo. El fuero, señor, no le alcanza para eximirlo de sus responsabilidades de naturaleza civil y personal por las cosas que ha señalado.
Y con ese tenor se abrió la cita de funcionario con el Poder Legislativo.
Mucho antes, la investigación de la Suprema Corte, habaí señalado en torno a los sucesos de la guardería:
Un “desorden generalizado” priva en las guarderías que brindan el servicio subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social; las autoridades de éste carecen de facultades legales para hacerlo, por lo que se actúa de manera ilegal desde hace 26 años; además existió una violación grave a las garantías individuales en el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Éstas son tres de las conclusiones del informe elaborado por la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevillaestablecieron tras una meticulosa investigación de seis meses: “Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y (el incendio de) la Guardería ABC”, el 5 de junio de 2009, en el que perdieron la vida 49 niños y 80 más resultaron lesionados.
MÁS EN http://www.enlacelegislativo.com
Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, no le gustó que los diputados y senadores guardaran un minuto de silencio en su comparecencia ante Comisiones, que lo hicieran de pie y que se viera obligado a guardarlo en memoria de los bebés que murieron calcinados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y de 80 personas más que quedaron marcadas de por vida.
Se sintió ofendido y cuestionó incluso el fuero que la Constitución le otorga a los legisladores, precisamente para no ser reconvenidos en sus opiniones, cuando algunos diputados lo cuestionaron y lo calificaron por su negligencia al frente del Seguro Siocial, cuando ocurrió el hecho.
Los legisladores hicieron que escuchara los nombres de los 80 bebés calcinados. Detrás de él, colocaron fotografías de esos niños y pusieron cruces en señal de duelo -en la fotografías los observa-.
No hubo lamento de su parte por la muerte espantosa que sufrieron, mucho menos una disculpa o la búsqueda de justicia. Vea lo que dijo Molinar Horcasitas, el pasado 1 de octubre:
"Señores y señoras diputados, muy buenos días tengan ustedes. Tengo que dar testimonio de tres cosas de las que he sido testigo el día de hoy, junto con todos ustedes antes de iniciar. La primera es de la explotación inmoral del dolor humano para la promoción de objetivos políticos y partidarios, la segunda es la soberbia de quienes siguen señalando responsabilidades a quienes desean hacerlo, independientemente de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado y culminado una investigación en la cual resolvió en este caso eximirme de responsabilidad, de manera clara y definitiva. Y la tercera, es que cada vez que escucho en algunas personas la expresión “respetuosamente”, sé que eso es simplemente el preludio de una injuria o una ofensa", señaló en su alocución inicial Molinar Horcasitas
Elo Diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, le reviró:
"Compañeros diputados, señor Horcasitas, el 10 de agosto usted estuvo en la Comisión Permanente. En esa ocasión yo le proferí varios calificativos, le dije que era mentiroso, le dije que era corrupto, le dije que era un asesino, pero no, no es un asesino usted es un sicario, porque el asesino, un sicario es un asesino que cobra un sueldo. Usted cobraba un sueldo cuando se dio la tragedia de A, B, C. pero no me voy meter con esos temas porque dicen que no son del informe. Me voy a meter con otros dos, porque usted todo lo que hace lo hace mal, lo malo le sale bien".
Y luego Horcasitas, de nuevo, y ya con una amenaza abierta al legislador:
Bueno, tal como lo había dicho, los insultos y las ofensas tendrían que salir de los labios del diputado Mario Alberto Di Constanzo. El fuero, señor, no le alcanza para eximirlo de sus responsabilidades de naturaleza civil y personal por las cosas que ha señalado.
Y con ese tenor se abrió la cita de funcionario con el Poder Legislativo.
Mucho antes, la investigación de la Suprema Corte, habaí señalado en torno a los sucesos de la guardería:
Un “desorden generalizado” priva en las guarderías que brindan el servicio subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social; las autoridades de éste carecen de facultades legales para hacerlo, por lo que se actúa de manera ilegal desde hace 26 años; además existió una violación grave a las garantías individuales en el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Éstas son tres de las conclusiones del informe elaborado por la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevillaestablecieron tras una meticulosa investigación de seis meses: “Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y (el incendio de) la Guardería ABC”, el 5 de junio de 2009, en el que perdieron la vida 49 niños y 80 más resultaron lesionados.
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viernes, 3 de septiembre de 2010
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